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Cannabis: Los grises de la ley verde

Tocar el aspecto normativo del cannabis siempre es una discusión en la que ingresan diversas posiciones, todas y cada una de ellas desde las ópticas de los diferentes usos que pueden otorgarse a este tipo de cultivos.

En nuestro país tenemos en la actualidad una sola norma nacional, que corresponde a la 27.350 para la investigación médica y científica del cannabis y sus derivados. Esta norma de carácter nacional esta dirigida solo a una porción minoritaria de la población, ya que permite el acceso al producto exclusivamente para pacientes con diagnóstico de epilepsia refractaria (ER).

Lo que a primera vista parece absolutamente restrictivo, tiene un trasfondo donde no lo es tanto. Las provincias fueron adhiriendo a la 27.350, y luego generando su propia normativa de aplicación provincial. Así es como, en algunas provincias estas normativas ya no solo se enfocan en el diagnóstico de epilepsia refractaria, sino que también se animan a salvaguardar el derecho a la salud de pacientes con otras afecciones.

En cuanto a la ley nacional, es absolutamente interpretativa, ya que, si bien establece un programa para brindar acceso al producto y a la atención terapéutica, también dio origen a la empresa Cannabis Avatar SE (Cannava SE) en la provincia de Jujuy, persona jurídica que en sus estatutos explicita que se crea con el objeto de producir, importar y exportar productos y suministros derivados del cannabis. El precedente que posee la autorización del Estado nacional, también llevó al cuerpo normativo a generar tasas de importación de derivados del cannabis, especialmente aceites, y lo regula mediante las aduanas especializadas. Entonces la ley de investigación, es una ley de uso medicinal, que admite implícitamente que el producto debe ser comercializado, tal es así que muchos pacientes de ER deben adquirirlo bajo sus propios medios, e incluso los gobiernos provinciales adquirieron mediante operaciones de compra este tipo de productos para abastecer las necesidades de sus territorios, incluso registrándolo dentro del vademécum provincial.

Resolución

ANMAT, que es quien regula el ingreso de medicamentos al país, permite que los usuarios de RAEM (Régimen de Acceso de Excepción de Medicamentos, ex uso compasivo) adquieran aceites de cannabis por sus propios medios y con receta médica (además de otros requisitos de documentación), pero aún no estableció ninguna resolución que refleje lo que está haciendo como oficina de control en la materia: sigue manteniendo al cannabis y sus derivados dentro de una categoría que implica que no tiene ningún tipo de uso médico, se necesita entonces una resolución de ANMAT para reflejar la realidad actual de la temática cannabis en ANMAT que certifique que es una sustancia controlada y que esta siendo adquirida por pacientes para su uso terapéutico. La ley debe reflejar el accionar del Estado y las necesidades de control y eficacia de medicamentos de las comunidades.

En relación a la “restricción” de la ley nacional, y a sabiendas de los numerosos trials clínicos que se están desarrollando en diversos puntos del globo, algunos de estos testeos en fase 2 o 3 de investigación y el bagaje de investigación que llevaron adelante en materia de medicina con CBD y THC de algunos países como Israel, USA, Canadá y actualmente países de la Unión Europea, debe contemplarse a modo interpretativo el Artículo 42 de la Constitución Nacional que reza: “Los consumidores de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz: a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno. Párrafo citado por la Dra. Donato, Nora Adela. Abogada, UBA. Directora General de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la ANMAT), quien en el mismo trabajo publicado en el sitio www.salud.gob.ar también cita otras normas de jerarquía constitucional, como lo son algunos tratados internacionales, entre ellos: la Declaración Universal de Derechos Humanos –1948– establece en su artículo 3º que “todo individuo tiene derecho a la vida y, en el artículo 25, párrafo 1º, reza: toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación y el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios.

(http://www.salud.gob.ar/dels/entradas/derecho-la-salud). Aun con el énfasis en la equidad respecto al derecho a la salud publicado por la Dra. Donato, el Estado sigue atendiendo únicamente a pacientes de epilepsia refractaria, incluso con productos que no son de grado médico, permitiendo que niños con ER realicen tratamientos con Suplementos Alimentarios, pero impidiendo la producción de fármacos locales (Con calidad de grado de uso medicinal, de los máximos estándares de calidad) en nuestro propio territorio. En el mejor de los casos, los proyectos en vías de desarrollarse dentro del país, no tienen una norma explícita que les permita comercializar sus productos. Por tanto, el desarrollo económico y social de la industria como tal, no está pensada en la norma nacional, las autoridades de control permiten el ingreso de productos no farmacológicos, y es solo para una porción minoritaria de la sociedad argentina. Viendo por la mirilla, el Estado nacional, sabe que el territorio se ha inundado de aceites que no poseen ningún tipo de control o estándar de calidad, ANMAT permite el ingreso de suplementos alimentarios incluso para que sea adquirido por gobiernos provinciales, y no hay ningún tipo de pronunciamiento político respecto a la posibilidad de que se pueda producir producto de grado farmacológico dentro de nuestro país con miras a cubrir la demanda local de afecciones que solicitan imperiosamente el producto farmacológico como por ejemplo, los diagnósticos que ingresan dentro del concepto de DOLOR CRÓNICO, donde incluso la farmacología tradicional con opioides en muchos casos ya no es efectiva.

Productores agropecuarios, inversores, laboratorios, pacientes, familias, todas están siendo desplazados de las normas de mayor jerarquía, tratados en DD.HH., Los derechos internacionales del Niño, e incluso de nuestra propia constitución.

Una ley no hace al marco regulatorio, es el trabajo y compromiso político lo que nos ofrecerá las reglas de juego para poder tener accesibilidad, seguridad y eficacia en terminos de salud, especialmente en relación al cannabis. Necesitamos que la comunidad política se acerque a los especialistas, genere diálogos y se informe, respecto a la realidad internacional y nacional de la temática de cannabis medicinal, pero también industrial (los suplementos alimentarios se generar con cultivos industriales, diferentes a los medicinales), y que dejen el miedo asociado al antiguo concepto del cannabis, para poder cumplir su rol y labor frente a la comunidad argentina en los tiempos que corren.

(*) Consultora especializada en cuadros regulatorios y operaciones internacionales.

CEO Cannabis Austral.

Socia fundadora de CamAICann (Cámara Argentina de la Industria del Cannabis).

Vía: Ambito

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