jueves, diciembre 2, 2021

Imputan a 14 miembros de Vicentin por estafa y defraudación

Durante la audiencia de este jueves los defensores de los imputados podrán realizar su descargo, ya que tienen que analizar “en detalle” una evidencia electrónica de 36 millones de archivos que les llegaron a último momento.

Entre los imputados figuran quienes eran los máximos directivos de la firma agroexportadora que entró en default el 4 de diciembre de 2019, como Daniel Buyatti, Alberto Macua, Roberto Gazze, Máximo Padoán y Yanina Boschi, entre otros. También está involucrado Omar Scarel, entonces síndico y hoy a cargo de la conducción. Durante más de dos horas, el fiscal Moreno expuso los argumentos de la supuesta estafa y la defraudación que habría gestado la empresa a partir de 2018

El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos de Rosario, Miguel Moreno, los imputó por el delito de balance falso en concurso real por defraudación y estafa en seis hechos cometidos contra bancos extranjeros damnificados por el default de la empresa. Moreno ya advirtió que en la próxima audiencia, fijada para este jueves, pedirá la prisión preventiva para algunos de esos directivos. Tal como se pudo conocer, el fiscal también imputó a todos los ejecutivos por el delito de estafas en carácter de coautor contra las acopiadoras de quienes recibió granos hasta el momento de declararse en estrés financiero, y posterior cesación de pagos.

Denuncias, delitos y maniobras

Los 14 imputados son Daniel Néstor Buyatti (presidente de Vicentin), Alberto Julián Macua (vicepresidente), Roberto Alejandro Gazze (director financiero), Máximo Javier Padoan, Cristián Andrés Padoan, Martín Sebastián Colombo, Sergio Roberto Vicentin, Pedro Germán Vicentin, Roberto Oscar Vicentin, Yanina Colomba Boschi, Raul González Arcelus, Omar Adolfo Scarel (síndico) y Miguel Vallazza. Es válido aclarar que Buyatti fue imputado, además -en forma personal- por el delito de apropiación indebida de tributos. Junto al resto de los directivos recibió la imputación por el delito de estafa contra el Banco Macro, una de las instituciones financieras locales afectadas por el accionar Vicentin.

La semana pasada, representantes del Banco Nación, otra de las entidades financieras afectadas, pidieron que se investigue a la consultora que auditaba los balances de Vicentin, dados los elementos que permitieron deducir la falsificación documental.  Todo indicaría que habrían celebrado contratos de compra venta, recibiendo mercadería, sabiendo y conociendo la imposibilidad de afrontar los pagos de la misma.

Por esta razón, a los imputados se les atribuye “haber confeccionado, aprobado y utilizado los balances anuales con cierre a octubre de 2017 y octubre 2018 que contenían información financiera falsa consistente en ocultar el verdadero pasivo de la empresa”. Por tal motivo, la fiscalía sostuvo que también confeccionaron y presentaron ante los bancos internacionales, informes trimestrales correspondientes a los períodos enero 2017, abril 2017, julio 2017, enero 2018, abril 2018, julio 2018, enero 2019, abril 2019 y julio 2019.

Los bancos extranjeros denunciantes son la Corporación Financiera Internacional (CFI, del Grupo Banco Mundial); los holandeses Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V., Coöperatieve Rabobank U.A e ING Bank; y Natixis New York Branch, de Estados Unidos.

Moreno describió a las maniobras de Vicentín como “una puesta en escena de empresa solvente y confiable”, y explicó que, esto generaba confianza en productores, vendedores de granos, acopios, cooperativas y corredores. “Engañados, entregaron toneladas de granos bajo la modalidad de contratos con precio a fijar, con el pleno conocimiento de los directores y síndicos de la imposibilidad de cumplir las obligaciones asumidas”, agregó el fiscal. Identificó entre los afectados a las firmas locales Cuatro Hojas S.A, Olzen Industria y Comercio de Calzados S.A., Maniagro S.A., La Clementina S.A., Commodities S.A, a las que ofrecieron mejores precios que la competencia y plazos muy superiores para fijar precio.

¿Prisión preventiva?

Román Lanzón es el juez que interviene en el caso y es quien deberá decidir si dicta la prisión preventiva para algunos directivos, o si se contempla la oferta de fianza ofrecida por la empresa por una suma de US$ 5 millones. En este marco, el fiscal Moreno manifestó que «si bien la pena contemplada por estafa es de seis años, por la acumulación de delitos imputados estamos en condiciones de pedir la pena máxima, que son hasta 50 años».

Vía: https://www.elagrario.com/

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