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domingo, marzo 7, 2021
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Laguna La Picasa: productores piden «definiciones» a la Corte Suprema

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A casi cuatro meses de la audiencia pública realizada en la Corte Suprema de Justicia por los conflictos interjurisdiccionales generados por la laguna La Picasa, los afectados que recurrieron a esa instancia preparan un escrito pidiendo «definiciones». Este verano, por la sequía La Picasa bajó 60 centímetros, pero en 2017 inundó más de 40.000 hectáreas.

 

Nota relacionada: Por la sequía, la laguna La Picasa bajó 60 centímetros

 

«La Corte es la máxima instancia y el ámbito que debe resolver y ordenar este tema que es de índole federal por comprender varias jurisdicciones -describió-. La Picasa es el resultado más elocuente de las desinteligencias entre los gobernadores y entre las provincias y la Nación. Es la imagen más cruel del abandono de toda una región y su gente. Muchos murieron de angustia y muchos padecen en silencio la falta de soluciones, empobrecidos y acorralados por la presión fiscal y las ejecuciones».

Pujol enfatizó que «nunca hubo obras eficientes que lograran un alivio para la tragedia». En la audiencia de la Corte Suprema la Nación planteó una salida al Paraná de los excedentes hídricos de la laguna, trabajo que costaría unos $10.000 millones y que la administración central financiaría en el 70 por ciento.

 

Nota relacionada: La Picasa: obra de drenaje al Paraná costaría $ 10.000 millones

 

«Cuando estamos inundados alegan que no se puede trabajar por la masa de agua y ahora, con sequía, ni se vislumbran obras», agregó Pujol.

Considera que debe llamar a las provincias involucradas y a la Nación a firmar un «protocolo de entendimiento» con base en tres parámetros fundamentales. El primero es «poner un límite» a la retención de agua, restituyendo a la zona de La Picasa su cota máxima original y natural, la 105.2 Instituto Geográfico Militar (IGM), como lo pide Buenos Aires en su demanda contra Santa Fe.

Aclara que «esas curvas de nivel naturales según el IGM deberían ser restauradas en toda la zona de la llamada ‘cuenca de La Picasa’; estoy hablando de la ley natural».

La cota fue «elevada por la acción del hombre; la cota máxima natural de desborde en 1,5 metros aproximadamente. Si volvemos a la 105.2 original bajarían esos excedentes hídricos acumulados a menos de 1000 hectómetros cúbicos, y a partir de allí, y con la proporcionalidad, todo lo que entra debe salir».

Salleras agrega en el escrito que «para el manejo ocasional de los excedentes hídricos, en la curva máxima de nivel (105.2 del IGM), debe construirse un sistema de compuertas que permita disminuir su límite de retención y de la misma forma lo haría proporcionalmente cada provincia, en la medida que la situación lo permita, hasta llegar a la histórica cota IGM de 98.5».

El otro factor es aplicar el «criterio de unidad conceptual»: debe haber una sola entidad que maneje «el todo, que decida cuándo abrir y cuándo cerrar, cuánto derivar y cuánto retener, desde dónde comienza el problema hasta dónde debería terminar».

A su entender existe un divorcio «técnico» y político, no sólo entre las provincias involucradas sino también con la Secretaría de Recursos Hídricos de la Nación.

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