viernes, julio 30, 2021
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¿Qué pasó con la ley de Biocombustibles?

Actualmente rige un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que prorrogó la ley que regula este mercado y que ya venció. Y que vencerá el próximo 12 de julio.

El oficialismo busca imponer la mitad de las sanciones a la nueva ley de biocombustibles en la Cámara de Representantes, fijando el plazo para esto antes de fines de junio.

La iniciativa de Máximo Kirchner ha sido resistida por algunos legisladores que entienden que las reglas futuras beneficiarán a las petroleras tradicionales y perjudicarán las nuevas plantas de biodiesel y bioetanol. La propuesta es reducir drásticamente la reducción obligatoria de biocombustibles en diesel y gasolina, del actual 10% a 3, para el primer caso, de 12 a 9, y para el segundo caso.

Esta situación hará que su producción disminuya y la capacidad ociosa de las fábricas aumente enormemente, principalmente las pequeñas y medianas empresas, que debido a los vaivenes de las políticas, estas fábricas llevan muchos años en una frágil situación financiera. Implementado por el gobierno anterior. Sobre este departamento.

En este contexto, las pymes de biocombustibles denunciaron que el Gobierno no publica los precios del biodiésel y el bioetanol. A través de un comunicado, acusaron al Ejecutivo de discriminar al sector. La Cámara Santafesina de Energías Renovables (CASFER) y la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB) presentaron un comunicado que señala que «el gobierno nacional, una vez más, decidió de manera arbitraria, ilegal y discriminatoria, no determinar ni publicar el precio de venta de este biocombustible ni exigir el cumplimiento de los porcentajes legales de corte obligatorio de biodiesel con gasoil, en abierta violación a lo dispuesto por la ley 26.093”.

Al mismo tiempo, destacaron que esta situación generó la paralización de la industria. “Acrecentó y agravó aún más la crisis económica del sector, colocándolo en un estado terminal”, argumentaron las entidades.

De esta forma, CEPREB y CASFER responsabilizaron al Ejecutivo por los efectos negativos que, en materia social, ambiental y económica se generaron. También hicieron referencia de manera tácita al proyecto de ley que será tratado en Diputados y sostuvieron que la inexistencia de alternativas concretas genera una enorme contradicción.

Vía: https://bcrnews.com.ar/

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