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sábado, marzo 6, 2021
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Usurpaciones de tierras rurales. ¿Quiénes son los responsables?

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En las últimas jornadas se han visto reflejadas en los medios nacionales, imágenes y noticias de tomas ilegales de tierras rurales por parte de grupos con distintos reclamos, finalidades y grado de violencia.

Frente a esta situación de usurpaciones ilegales violentas y clandestinas, desde Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) consideraron que el gobierno nacional no brinda solución alguna, es responsable de las tomas y las convalida.

Precisamente, una de las más recientes tomas que concitó la atención pública, ocurrió en proximidades de San Carlos de Bariloche con un condimento de violencia que cada vez escala más en este tipo de acciones ilegales. Para colmo, a los manifestantes, algunos propietarios de las tierras y vecinos de Villa Mascardi, el ministerio de Seguridad les formuló una denuncia penal. No así a los usurpadores. También en la provincia de Córdoba se han producido usurpaciones ilegales, como en la localidad de Atos Pampa, en el departamento Calamuchita a unos 100 kilómetros de la capital, a donde hubo enfrentamientos con propietarios de lotes.

Gobierno Responsable

Ante la ocupación ilegal de tierras, “las autoridades de seguridad, nada hacen y la Justicia se demora en su burocracia, los ánimos se exacerban y el Estado no brinda solución alguna, paradójicamente fogonea la actitud disponiendo interminables negociaciones, que solo prolongan el hecho ilícito”, expresaron en un comunicado desde CRA.

En otro párrafo, la entidad señala que “si los perjudicados son productores, el Estado y las Provincias, con pocas excepciones, se desentienden del asunto pretendiendo que ello sea un conflicto entre privados, cuando está claro, que se trata del quebrantamiento de derechos otorgados por la Constitución Nacional y que ello sucede bajo la inacción del Estado”.

Para CRA, el gobierno nacional convalida este tipo de usurpaciones al amparo de “mesas negociadoras” que no hacen más que terminar con la aplicación del derecho, el principio de Justicia y las garantías constitucionales.

Concretamente, la entidad exhorta a que “el gobierno nacional asuma la responsabilidad política de poner fin a tanto despropósito”.

El Estado Nacional y su desinterés, es el principal responsable de la violencia del presente y lo que suceda a futuro”, advierten.

Vía: Agroverdad

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