Conservar el bosque nativo ya no puede ser entendido únicamente como una cuestión ambiental. También es una estrategia para proteger el suelo, el agua, la biodiversidad, la producción y la resiliencia del territorio frente al cambio climático.
La degradación de los bosques nativos argentinos se convirtió en uno de los principales problemas ambientales vinculados con la transformación del territorio. Entre 2020 y 2026, el avance de actividades productivas, los desmontes, los incendios y otros cambios en el uso del suelo continuaron modificando extensas superficies forestales, especialmente en el norte del país.
El problema no consiste solamente en la cantidad de hectáreas que desaparecen. Cuando un bosque nativo es reemplazado por cultivos, pasturas, infraestructura u otros usos, también se pierde una red de funciones ecológicas que puede tardar décadas o incluso siglos en recuperarse.
El Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques Nativos utiliza principalmente teledetección y sistemas de información geográfica para detectar y cuantificar los cambios en la superficie y el estado de estos ecosistemas. Argentina reconoce siete grandes regiones forestales: Parque Chaqueño, Yungas, Selva Paranaense, Espinal, Bosque Andino Patagónico, Delta e Islas del Paraná, además de otras áreas incluidas en el sistema de monitoreo.
2020: una superficie de pérdida que ya mostraba el problema
Los datos oficiales del Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques Nativos muestran que durante 2020 se registraron pérdidas de bosque nativo asociadas a diferentes procesos de transformación del territorio. El monitoreo de ese año permitió identificar superficies afectadas en provincias como Santiago del Estero, Chaco, Salta, Formosa y Jujuy, entre otras.
Ese registro resulta importante porque permite establecer una línea de referencia para observar la evolución posterior. El período 2020-2026 no debe analizarse como una simple suma de hectáreas desmontadas, sino como un proceso acumulativo en el que cada transformación puede fragmentar los ambientes restantes y aumentar su vulnerabilidad.
El Gran Chaco, en el centro de la presión productiva
Dentro de este escenario, el Gran Chaco argentino constituye uno de los territorios más sensibles. La expansión de la frontera agropecuaria, particularmente asociada con la agricultura y la ganadería, ha sido uno de los principales factores relacionados con el cambio de uso del suelo.
Los registros recientes muestran que la presión continúa. Según un relevamiento satelital de Greenpeace, durante 2025 se desmontaron 94.204 hectáreas de bosques nativos en Santiago del Estero, Chaco, Salta y Formosa. Si además se incorporan las superficies afectadas por incendios, la organización estimó una pérdida de 210.702 hectáreas de bosques en esas cuatro provincias durante 2025.
Santiago del Estero concentró más de la mitad de los desmontes relevados: 51.149 hectáreas, seguida por Chaco con 16.872, Salta con 15.129 y Formosa con 11.054 hectáreas.
¿Qué hay detrás del cambio de uso del suelo?
El cambio de uso del suelo ocurre cuando un ecosistema natural es transformado para desarrollar otra actividad. En el caso de los bosques nativos, puede implicar desmonte para agricultura, ganadería, infraestructura, urbanización u otros usos productivos.
Pero existe una diferencia importante entre deforestación y degradación.
La deforestación implica una transformación que supone la pérdida del bosque en una determinada superficie. La degradación, en cambio, puede producirse sin que el bosque desaparezca completamente: extracción selectiva de madera, incendios recurrentes, fragmentación, sobrepastoreo o alteraciones en la estructura de la vegetación pueden reducir su capacidad de funcionar como ecosistema.
Por eso, contar solamente las hectáreas desmontadas puede subestimar la magnitud del problema ambiental.
El costo que no aparece en las estadísticas productivas
El bosque nativo no es solamente un conjunto de árboles. Cumple funciones fundamentales para el territorio: protege los suelos, regula el ciclo del agua, almacena carbono, contribuye a moderar el clima y sostiene una enorme diversidad de especies. También proporciona alimentos, madera y otros recursos y constituye el territorio y sustento de comunidades indígenas y campesinas.
Cuando se elimina la cobertura vegetal, el suelo queda más expuesto a erosión, pérdida de materia orgánica y degradación física. Al mismo tiempo, la modificación de la cobertura puede alterar la infiltración y escorrentía del agua.
Esto adquiere especial importancia en regiones donde alternan períodos de sequía con episodios de lluvias intensas. Un territorio con menos cobertura natural y mayor superficie transformada puede tener menor capacidad para amortiguar los extremos ambientales.
De 2020 a 2026: un proceso que no puede medirse solamente en hectáreas
La comparación del período debe realizarse con cautela porque no todos los organismos utilizan exactamente la misma metodología ni contabilizan de igual manera desmontes, incendios, degradación y pérdida de cobertura. Los datos oficiales y los relevamientos independientes pueden, por lo tanto, presentar diferencias.
Sin embargo, el panorama general es claro: la presión sobre los bosques nativos continúa y el cambio de uso del suelo sigue siendo uno de los principales factores de transformación de estos ecosistemas.
En 2024, por ejemplo, Greenpeace estimó que en las cuatro provincias del norte analizadas se desmontaron 119.886 hectáreas, mientras que al sumar incendios la pérdida llegó a 149.649 hectáreas.
En 2025, el mismo relevamiento estimó 94.204 hectáreas desmontadas y una pérdida total de 210.702 hectáreas al incorporar las superficies afectadas por incendios.
Estos números muestran algo fundamental: la presión no desapareció; cambió de intensidad y también de forma.
El desafío hacia 2026
Llegar a 2026 implica enfrentar una pregunta que va mucho más allá de la cantidad de hectáreas que todavía quedan en pie: ¿cómo producir sin seguir degradando el capital natural?
La respuesta requiere mejorar el ordenamiento territorial, fortalecer el monitoreo satelital, controlar efectivamente los desmontes ilegales, prevenir incendios y promover sistemas productivos compatibles con la conservación.
La Argentina cuenta con la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos y con un Sistema Nacional de Monitoreo que permite seguir los cambios en estos ecosistemas.
El desafío, sin embargo, está en transformar esa información en decisiones concretas.
Entre 2020 y 2026, el cambio de uso del suelo dejó una señal evidente: conservar el bosque nativo ya no puede ser entendido únicamente como una cuestión ambiental. También es una estrategia para proteger el suelo, el agua, la biodiversidad, la producción y la resiliencia del territorio frente al cambio climático.
Una mirada hacia adelante
El debate no debería plantearse simplemente como “producción versus conservación”. El verdadero desafío consiste en determinar dónde producir, cómo producir y qué territorios deben conservarse para que la actividad económica pueda sostenerse en el largo plazo.
Porque un bosque que desaparece puede ser reemplazado rápidamente por una superficie productiva, pero los servicios ambientales, la biodiversidad y la estructura ecológica que se perdieron no se recuperan al mismo ritmo.
Y esa es, probablemente, una de las principales lecciones que deja el período 2020-2026: el costo de cambiar el uso del suelo no termina cuando desaparecen los árboles; recién comienza allí.
