Tras casi seis años de concurso y el mayor default privado de la historia, Grassi SA asumirá el control de la cerealera, con un plan de pagos a acreedores y un nuevo esquema de conducción.
El juez Fabián Lorenzini homologó el acuerdo concursal y dispuso la transferencia total de las acciones de Vicentin SAIC a Grassi SA, una de las principales corredoras de granos del país. La decisión marca el último paso de un proceso judicial iniciado tras el default de diciembre de 2019, cuando la empresa —entonces top five del negocio exportador— dejó un pasivo superior a US$ 1.500 millones, el mayor registrado en este tipo de procesos en la Argentina.
La sentencia establece que Grassi SA deberá ejecutar de manera inmediata el acuerdo con los acreedores y presentar en un plazo de tres días un cronograma detallado de pagos. Aunque no se descarta la posibilidad de apelaciones, el fallo consolida el resultado del cramdown, donde Grassi se impuso por mayoría de capital y cápitas, superando a otras propuestas presentadas durante el proceso de salvataje.
El caso Vicentin atravesó uno de los recorridos más complejos y sensibles del agro argentino reciente. Tras la cesación de pagos, la firma fue objeto de un intento de expropiación en 2020, impulsado por el entonces gobierno nacional, que generó una fuerte reacción política y social y finalmente quedó sin efecto. En paralelo, la empresa sostuvo su operatoria mínima mediante contratos a fasón, lo que permitió mantener más de 1.000 puestos de trabajo en plantas del norte y sur de Santa Fe.
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Con la homologación judicial, Grassi SA —una empresa rosarina con más de 130 años de trayectoria en el corretaje de granos— asume formalmente la conducción de la denominada “Nueva Vicentin Argentina”. Desde la compañía señalaron que el objetivo es iniciar una etapa de gestión profesional, transparente y de largo plazo, apoyada en la experiencia comercial del grupo y en la capacidad industrial y humana que conserva la cerealera.
Como parte del nuevo esquema, el juez dispuso la creación de un comité de control, integrado por el Banco Nación y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), mientras que la Sindicatura deberá proponer un listado de acreedores para completar ese órgano.
