A horas de que venza el plazo judicial para definir el futuro de la agroexportadora, el proceso entra en su etapa decisiva con dos grupos en pugna y nuevas tensiones por la validez de las adhesiones.
El llamado “cramdown Vicentin” llega a su tramo final con una disputa abierta entre Molinos Agro y Louis Dreyfus Company (LDC), por un lado, y Grassi S.A. por el otro, quienes buscan quedarse con el control de la histórica agroexportadora santafesina, hoy con una deuda superior a los $100.000 millones. El juez Fabián Lorenzini deberá resolver quién logra las mayorías necesarias entre los 1.722 acreedores y definir así el futuro de la compañía con casi un siglo de historia.
En las últimas horas, el consorcio Molinos-LDC presentó una impugnación clave al cuestionar la adhesión de Vicentin Paraguay, argumentando que la filial depende directamente de la firma argentina en concurso y no puede ser tratada como acreedor independiente. Además, solicitaron una auditoría digital de los padrones de adhesión con veedores de ambas partes para garantizar la transparencia del proceso. En tanto, Grassi —aliado con Porta Hermanos S.A.— propone reactivar la planta de bioetanol del “Nodo Norte”, cerrada desde 2020, aunque rechazó el pedido de revisión de votos de su competidor.
La definición mantiene en vilo a Reconquista y Avellaneda, donde trabajadores y productores esperan una resolución que permita preservar la actividad y el empleo. El fallo de Lorenzini, que podría conocerse en las próximas horas, no solo cerrará una de las causas empresariales más resonantes de los últimos años, sino que también marcará el rumbo de uno de los principales polos agroindustriales del país.
