La AFIP informó que presentará una denuncia penal por explotación laboral de los trabajadores, que ya están en sus hogares.
Los números de explotación laboral en el sector rural durante la gestión Cambiemos son contundentes. En los últimos tres años, la precarización laboral en el sector rural según datos oficiales fue del 44 por ciento, en promedio. Es decir, más de 26.800 trabajadores y trabajadoras fueron encontrados en condiciones de informalidad. ¿A cuántos peones rurales regularizó el Estado nacional luego de detectar las situaciones de informalidad? A menos de la mitad (47 por ciento).
Los problemas detectados no sólo implican la ausencia de registración sino que pueden abarcar distintas falencias dentro de los establecimientos o la violación de las obligaciones patronales estipuladas en la Ley 26.727 (estatuto del peón rural sancionado en diciembre de 2011), como por ejemplo acceso a agua potable, condiciones de salubridad, vivienda digna, entre otras.
En promedio, las irregularidades detectadas en las inspecciones son mayores que los trabajadores hallados en condiciones de informalidad.
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Un caso de explotación desactivado en Balcarce
La Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social de la AFIP desactivó un caso de explotación laboral en el partido bonaerense de Balcarce, donde ocho trabajadores dedicados a la cosecha de papa debían realizar tareas durante 12 horas, pagar los traslados y sus alimentos, mientras vivían en una casilla sin puertas ni ventanas y sin acceso a electricidad y agua caliente.
La AFIP informó que presentará una denuncia penal por explotación laboral de los trabajadores, que ya están en sus hogares.
El caso se originó a partir de un llamado a la línea anónima y gratuita 0800 999 3368, opción 3, donde se reciben denuncias por trata de personas, explotación infantil y servidumbre, casos para los que la AFIP también cuenta con el correo electrónico [email protected].
Del procedimiento participó personal del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) y del Ministerio de Trabajo de Buenos Aires perteneciente a la delegación Balcarce.
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«El trabajo conjunto entre los tres organismos logró persuadir al empleador de que los trabajadores no podían pasar un día más en esas condiciones. Al terminar el día los 8 trabajadores fueron trasladados a un departamento en Balcarce», aseguró el organismo que conduce Mercedes Marcó del Pont en una nota de prensa.
Los trabajadores, seis oriundos de Santiago del Estero y dos de Córdoba, debieron pagar sus propios pasajes en micro y remís para llegar al campo donde cumplían las tareas en condiciones de hacinamiento y, al momento de las tareas de fiscalización, llevaban 15 días desde su llegada al predio, donde cumplían jornadas laborales de 12 horas de lunes a sábado.
Una vez en Balcarce, el propietario del establecimiento no les reintegró los gastos de movilidad que les habían prometido ni les abonaba el jornal en caso de lluvia, pero sí se les descontaba el valor de los alimentos consumidos por día.
Además de trabajar, los cosecheros vivían en construcciones precarias de chapa sin puertas ni ventanas y dormían en una casa rodante abandonada que no tenía piso y había sido reemplazado por trozos de madera y chapa.
El predio -informó la AFIP- no tiene gas, por lo que para higienizarse calentaban agua en un tanque de chapa; tampoco electricidad, por lo que no contaban con medios para refrigerar alimentos o medicamentos a pesar de que uno de los trabajadores es diabético y no podía mantener la cadena de frío de la insulina, mientras que utilizaban una batería de un viejo tractor para cargar los celulares.
