Según un informe de la OCDE, la extracción de ingresos equivale al 13,5% de la producción bruta del campo. Aunque hubo avances en materia de retenciones y restricciones comerciales, el peso impositivo continúa afectando la competitividad y las inversiones.
Argentina volvió a quedar entre los países que aplican las mayores cargas sobre su producción agropecuaria. El último relevamiento de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ubicó al país entre los tres casos de la muestra internacional que registran un apoyo negativo al sector, junto con Vietnam y la India.
De acuerdo con el análisis del economista David Miazzo, durante el período 2023-2025 la transferencia de recursos desde el agro argentino representó, en promedio, el 13,5% de los ingresos brutos generados por la producción. En valores absolutos, esa extracción equivale a unos US$ 8.600 millones anuales.
A diferencia de otros países que también presentan indicadores negativos, donde suelen incidir las restricciones comerciales y los mecanismos que reducen los precios internos, en Argentina el principal factor es la presión tributaria. En particular, los derechos de exportación continúan teniendo un peso importante en la estructura de costos y rentabilidad de las actividades agropecuarias.
Retenciones y competitividad
Miazzo reconoció que hubo modificaciones respecto de años anteriores, entre ellas la reducción de alícuotas para algunos productos, la eliminación de retenciones en distintas economías regionales y el fin de las restricciones cuantitativas a las exportaciones.
Sin embargo, consideró que esos cambios todavía resultan insuficientes. La soja, con una alícuota del 24%, continúa siendo uno de los principales factores detrás de la transferencia de ingresos, debido a su participación en las exportaciones agropecuarias.
Según el economista, esta situación genera una diferencia entre los precios que reciben los productores argentinos y los valores internacionales, lo que limita los recursos disponibles para reinvertir, incorporar tecnología y ampliar la producción.
Los cambios que reclama el sector
El especialista planteó que mejorar la competitividad requiere revisar las cargas tributarias y las condiciones de producción en los distintos niveles del Estado.
Entre las cuestiones provinciales mencionó el efecto acumulativo de Ingresos Brutos y la necesidad de mejorar la infraestructura rural, especialmente caminos, energía y acceso al agua. En el ámbito municipal, apuntó a las tasas viales y a los gravámenes que alcanzan a la actividad agroindustrial.
A nivel nacional, propuso avanzar con una reducción gradual y previsible de las retenciones, facilitar el acceso al crédito, fortalecer el Senasa y ampliar los acuerdos comerciales y la apertura de mercados. También señaló la importancia de los reintegros a las exportaciones agroindustriales, especialmente para las economías regionales.
Además, cuestionó que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) no contemple adecuadamente las posibilidades de las pequeñas y medianas empresas agropecuarias y deje afuera a la industria, lo que limita las oportunidades de inversión en agregado de valor.
Pese a este escenario, Miazzo destacó la capacidad del campo argentino para competir en los mercados internacionales, incluso bajo condiciones desfavorables. Consideró que una menor carga impositiva, junto con mejoras en infraestructura y financiamiento, permitiría impulsar la producción, el empleo y las exportaciones.
