Fabián Lorenzini trasladó a Grassi SA más de 50 impugnaciones y escritos de empresas, productores y competidores como Molinos Agro y LDC, mientras crece la posibilidad de que la decisión final sobre el control de Vicentin se postergue hasta 2026.
El juez Fabián Lorenzini confirmó que Grassi SA fue la primera empresa en acreditar las mayorías necesarias para el salvataje de Vicentin, pero el proceso lejos está de cerrarse. El magistrado ordenó el traslado de todas las impugnaciones a la compañía, que tendrá cinco días hábiles para responder cada una, salvo pedido de prórroga. Ese paso es clave para que todas las objeciones queden formalmente incorporadas y puedan ser evaluadas por la Justicia.
En paralelo, el expediente sumó nuevos actores. Molinos Agro y LDC, las otras dos grandes interesadas en quedarse con la cerealera, presentaron documentación que fue agregada al caso y que se analizará “en su oportunidad”. Entre el 18 y el 20 de noviembre, ingresaron además más de 50 escritos de productores, firmas acreedoras y entidades, que también quedaron registrados en el juzgado, aunque sin resolución inmediata.
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El volumen de presentaciones obliga a ordenar el expediente antes de avanzar hacia cualquier definición. Fuentes judiciales señalaron que todo el análisis podría llevar todo diciembre, especialmente porque deben intervenir la Sindicatura y las partes involucradas en cada impugnación. Con este ritmo, no se descarta que la decisión final sobre quién controlará Vicentin se traslade directamente a 2026.
Mientras tanto, la empresa continúa bajo concurso preventivo, proceso que mantiene abierto desde febrero de 2020. La resolución de Lorenzini también incorporó aclaraciones de bancos y organismos que deberán evaluarse más adelante, mientras se resuelven las impugnaciones clave que determinarán el futuro de una de las agroexportadoras más emblemáticas del país.
