El fuerte aumento de los combustibles, impulsado por la tensión geopolítica en Medio Oriente, volvió a poner en el centro del debate el rol de los biocombustibles en la Argentina.
En un contexto de volatilidad internacional y presión sobre los costos energéticos, distintos sectores de la agroindustria reclaman avanzar con una nueva ley que permita ampliar su participación en la matriz energética y reducir la dependencia de importaciones.
El conflicto entre Estados Unidos e Irán llevó al barril de petróleo a superar los USD 100, generando un impacto directo en el precio del gasoil y la nafta a nivel local. Aunque en los últimos días se registró cierta moderación tras anuncios de tregua, la incertidumbre persiste y mantiene en alerta a toda la cadena productiva, especialmente al agro, donde el combustible es un insumo clave tanto para las labores como para la logística.
En este escenario, desde el sector sostienen que el país tiene margen para amortiguar ese impacto a partir de una mayor utilización de biodiésel y bioetanol. Actualmente, la actividad se rige por la Ley 27.640, que estableció un esquema de cortes obligatorios que redujo el biodiésel en gasoil y mantuvo el bioetanol en naftas. Sin embargo, distintos actores consideran que ese marco quedó desactualizado frente al contexto actual.
El presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), Gustavo Idígoras, fue contundente al plantear la necesidad de cambios: “El usuario no puede estar pagando más por el gasoil cuando tenemos capacidad instalada para abastecer el mercado interno. Es una emergencia nacional”. Según explicó, la Argentina cuenta con una capacidad de producción de biodiésel que supera ampliamente el consumo local, lo que permitiría sustituir importaciones y aliviar la presión sobre los precios.
En la misma línea, desde la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio) remarcan que el biodiésel ya resulta competitivo frente al gasoil importado, incluso con valores inferiores a los regulados. Para el sector, avanzar hacia un esquema más flexible y con mayor competencia podría traducirse en una baja de costos para toda la economía.
El debate también alcanza al bioetanol, donde se busca elevar el corte actual. Desde la industria señalan que existe capacidad ociosa y potencial de crecimiento, especialmente en las economías regionales del norte argentino, donde la producción de caña de azúcar y maíz tiene un fuerte impacto en el entramado productivo.
En paralelo, el Gobierno comenzó a dar señales en esa dirección. A través de la Resolución 79/2026, habilitó de manera voluntaria un incremento en el corte de bioetanol en naftas, lo que fue interpretado como un primer paso hacia un esquema más abierto. La medida apunta a reducir la dependencia de combustibles fósiles importados y a mitigar el traslado de la volatilidad internacional a los surtidores.
Sin embargo, el sector advierte que todavía persisten limitaciones estructurales. El sistema de cupos, los precios regulados y la falta de previsibilidad aparecen como los principales obstáculos para nuevas inversiones. A esto se suma un frente externo complejo, con mercados clave como la Unión Europea y Estados Unidos imponiendo restricciones al biodiésel argentino.
En este contexto, la discusión por una nueva ley de biocombustibles gana fuerza. Para el agro, no se trata solo de una cuestión energética, sino de una herramienta estratégica para mejorar la competitividad, generar valor agregado y sostener el desarrollo de las economías regionales en un escenario global cada vez más incierto.
