La Justicia Federal resolvió suspender por seis meses la reestructuración impulsada por las autoridades del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) sobre la Estación Experimental Agropecuaria Área Metropolitana de Buenos Aires (EEA AMBA), una medida que además deja sin efecto, de manera provisoria, despidos, traslados de personal y la posible venta de inmuebles vinculados al organismo.
La decisión judicial surgió a partir de una presentación realizada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y representa un nuevo obstáculo para el proceso de reorganización que el Gobierno nacional viene impulsando en distintos organismos públicos.
El fallo fue dictado por el juez federal Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, titular del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín, quien ordenó la suspensión inmediata de la resolución firmada por el presidente del INTA, Nicolás Bronzovich.
La normativa cuestionada contemplaba el cierre de la EEA AMBA, la eliminación de nueve agencias dependientes y el traspaso de inmuebles a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), en el marco del plan de reorganización del organismo.
En su resolución, el magistrado consideró que la medida presenta serias irregularidades administrativas y señaló que sería “manifiestamente arbitraria e ilegítima”, al entender que carece de fundamentos suficientes y podría afectar derechos vinculados a la investigación científica, la agricultura familiar, el acceso a los alimentos y la estabilidad laboral de los trabajadores estatales.
A partir de esta decisión, las autoridades del organismo deberán abstenerse de avanzar con cierres de dependencias, reasignaciones de funciones, traslados de personal, despidos, movimientos de equipamiento o cualquier acción relacionada con la transferencia, venta o subasta de bienes alcanzados por la resolución suspendida.
La reacción del gremio
Desde ATE celebraron la decisión judicial y sostuvieron que el fallo respalda los cuestionamientos que venían realizando sobre el proceso de ajuste dentro del organismo.
El secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, afirmó que la resolución judicial demuestra la ilegalidad de las medidas adoptadas y ratificó que el gremio continuará recurriendo a distintas instancias para frenar los recortes en el sector público.
La cautelar se conoce en medio de un proceso de reducción de estructuras y personal dentro del INTA. Durante mayo, el organismo mantuvo vigente un programa de retiro voluntario destinado a trabajadores de planta permanente, como parte de la estrategia de reorganización impulsada por el Gobierno nacional.
El esquema contemplaba una compensación económica equivalente a un salario y medio por cada año trabajado para empleados con una antigüedad mínima de tres años dentro de la Administración Pública Nacional.
Además, quienes optaran por adherirse al programa quedaban impedidos de volver a desempeñarse en el Sector Público Nacional durante los siguientes cinco años, salvo en el ámbito universitario.
Según los lineamientos del plan, el objetivo era avanzar en una reducción significativa de la planta de personal del organismo, con una meta cercana a los mil trabajadores.
Un conflicto que sigue abierto
Si bien la resolución judicial no implica una decisión definitiva sobre el fondo de la cuestión, sí paraliza temporalmente los cambios previstos para la estructura del INTA AMBA y protege la situación laboral de los trabajadores alcanzados por la medida.
De esta manera, el futuro de la reestructuración quedará sujeto a la evolución de la causa judicial y a las próximas definiciones que adopten tanto el organismo como el Poder Judicial en los próximos meses.
