El Gobierno derogó la facultad del Instituto Nacional de la Yerba Mate para intervenir en los valores que reciben los productores, consolidando un cambio profundo en la regulación del sector.
El Gobierno Nacional oficializó la eliminación de las atribuciones del INYM para intervenir en el precio de la hoja verde y la yerba canchada, una potestad que se aplicó durante más de dos décadas cuando productores y secaderos no lograban acordar un valor común. Con el Decreto 812/2025, la intervención estatal queda sin efecto y se reafirma la idea de dejar que los precios se definan por la libre interacción entre oferta y demanda.
Desde ahora, el INYM mantendrá únicamente funciones vinculadas a la promoción, control de calidad y trazabilidad, pero no podrá fijar valores de referencia ni dictar normas que alteren los precios, generen barreras de entrada o interfieran en el mercado. El Gobierno argumentó que la medida busca “modernizar” el organismo y evitar “intromisiones” que, en su visión, distorsionan la competencia.
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Durante los últimos veinte años, cuando no se alcanzaba un acuerdo entre las partes, era habitual que el Instituto dictara un laudo para definir el precio mínimo. La gestión de Javier Milei ya había dejado de aplicar esta herramienta de hecho, y ahora la decisión queda institucionalizada con la modificación del Decreto Reglamentario N° 1.240/2002. Para la SAGPyA, el cambio “se alinea con la política de desregulación y competencia” impulsada por el Poder Ejecutivo.
El nuevo esquema abre un escenario clave para el sector yerbatero: el precio al productor dependerá exclusivamente del mercado, en un contexto de fuerte heterogeneidad productiva, costos crecientes y una cadena históricamente marcada por tensiones entre eslabones. En paralelo, el Gobierno sostiene que la desregulación permitirá reducir burocracia, atraer inversiones y evitar conflictos recurrentes en la definición de valores.
