El Senado aprobó y envió a la Cámara de Diputados el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, aunque lo hizo con una versión reducida del texto original impulsado por el Gobierno. La iniciativa obtuvo 37 votos a favor y 33 en contra, luego de que el oficialismo aceptara eliminar varios capítulos para reunir el respaldo necesario.
El proyecto, promovido por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, mantiene modificaciones vinculadas a los desalojos, las expropiaciones y la modernización de los registros inmobiliarios, pero dejó afuera dos de los puntos que habían generado mayor controversia: la reforma de la Ley de Tierras y los cambios a la Ley de Manejo del Fuego.
La decisión de retirar esos capítulos fue clave para destrabar la votación, luego de que varios sectores aliados expresaran reparos y anticiparan que no acompañarían el texto completo. De esta manera, el oficialismo optó por avanzar con una versión más acotada antes que arriesgar el rechazo de la iniciativa.
Entre los cambios aprobados figura una ampliación de las herramientas para solicitar desalojos, permitiendo que puedan iniciarlos quienes acrediten un derecho o interés legítimo sobre el inmueble. Además, se establece que, cuando existan menores, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de vulnerabilidad, deberá contemplarse un plazo para ofrecer una solución habitacional antes de concretar el procedimiento.
En materia de expropiaciones, el proyecto propone una interpretación más restrictiva del concepto de utilidad pública e incorpora criterios para el reconocimiento de indemnizaciones por lucro cesante cuando sean consecuencia directa de la medida. También fija límites para las ocupaciones temporales de inmuebles.
Otro de los ejes de la iniciativa es la creación de un Consejo Federal de Registros de la Propiedad Inmueble, que administrará una ventanilla única para centralizar trámites, certificados e información registral de todo el país.
Con la media sanción obtenida en el Senado, el proyecto continuará ahora su tratamiento en la Cámara de Diputados, donde el Gobierno buscará convertir en ley una versión que finalmente quedó muy diferente a la presentada originalmente.
