La entidad ruralista local solicitaba la declaración de inconstitucionalidad e ilegitimidad del cobro de derechos de exportación a los productos agropecuarios a partir del 1 de enero del 2022.
Siguiendo un nuevo eslabón de la dura cadena de cuestionamientos que Schiaretti despliega contra las políticas agropecuarias y de manejo de subsidios de Balcarce 50, de la mano de un perfil alto y nacionalizado que se potenció desde la campaña electoral 2021, con foco en 2023.
Las quejas brotaron también desde su gabinete. “Más allá de que se penaliza al que produce, hay provincias como Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y La Pampa que fueron más perjudicadas.
La gota que rebalsó el varo fue la suspensión de exportaciones y la posible quita del diferencial de retenciones es una señal que afecta a una industria que aporta valor y genera empleo. Asimismo, desalienta cualquier evaluación de potenciales inversiones tanto en este sector como en cualquier otro ya que sigue alimentando la incertidumbre y la inseguridad jurídica.
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Rechazan un amparo
La Justicia Federal de Río Cuarto decidió hoy rechazar una acción de amparo que presentó la Sociedad Rural de esa ciudad del sur de Córdoba, que reclamaba se declarase anticonstitucional e ilegítimo el cobro de retenciones para exportaciones de productos agropecuarios.
Carlos Arturo Ochoa, titular del Juzgado Federal de Río Cuarto, fue quien dispuso rechazar la solicitud de la entidad agraria, al considerar que no estaban presentes los requisitos para tramitar el caso como proceso colectivo, ya que la Sociedad Rural de Río Cuarto no cuenta con legitimación para sustentar el reclamo judicial.
La Sociedad Rural cuestionaba que, desde el 1 de enero pasado, las retenciones ya no son aplicables por no haberse extendido la ley vinculada con la emergencia económica de 2019.
En el plano legislativo, el bloque de diputados de Córdoba Federal presentó hoy un proyecto de ley para reducir gradualmente las retenciones agropecuarios, en la que proponen ir bajando entre tres y cuatro puntos porcentuales por año.
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La iniciativa, redactada por el diputado Carlos Gutiérrez y que tiene el respaldo de sus compañeros de bloque Natalia De la Sota e Ignacio García Aresca, tiene «como propósito contribuir al desarrollo del federalismo productivo, disminuir la presión tributaria, brindar certidumbre a las actividades de exportación y establecer incentivos efectivos para la formalización de la economía».
El proyecto fija una reducción de 3 puntos porcentuales por año en las alícuotas de derechos de exportación de las mercaderías comprendidas en todas las posiciones arancelarias del Mercosur, excepto para los productos del complejo sojero donde la disminución sería de cuatro puntos.
En el caso de la soja, las retenciones en la actualidad son del 33%.
