Argentina es uno de los países del mundo que más desalienta las ventas al exterior mediante “retenciones” (técnicamente, “derechos de exportación) impositivas, que recaen fundamentalmente sobre el sector con mayor capacidad de generación de divisas: el campo y la agroindustria.
En los últimos días, el gobierno central ha manifestado que está analizando el aumento de las retenciones en la fuente a las exportaciones de las zonas rurales e incluso restringiendo las exportaciones de carne al extranjero. Dado que el aumento de los precios de los alimentos se debe al «acoplamiento entre precios internacionales y domésticos», la ministra de Comercio Interior Paula Español (Paula Español) encendió el testigo para el sector agrícola.
Aspectos legales de la retención: la opinión de expertos legales agrícolas sobre la elección real del gobierno central de aumentar las tasas arancelarias de exportación. Según la Constitución, retener y pagar impuestos es una de las facultades que posee el Congreso. Sin embargo, durante el mandato del gobierno de facto en 1981, el poder fue delegado al Poder Ejecutivo a través de regulaciones aduaneras, e históricamente, fue el presidente quien tomó estas medidas.
En la actualidad, por la ley 27541 de Solidaridad social y reactivación productiva, aprobada por el Congreso en diciembre de 2019, el presidente Alberto Fernández puede aumentar las alícuotas hasta un 33% en soja, un 15% en granos y un 5% en los productos agroindustriales de las economías regionales. Esa potestad la tiene hasta fines de este año.
“Si quiere aumentarlas más de esos números, tiene que hacer otra ley y pasarla por el Congreso”, sintetiza Andrés Domínguez, abogado especialistas en retenciones.
Respecto del poroto de soja, el experto ejemplifica que ahora está en su máximo de 33% de retenciones, por lo que el presidente no puede incrementarlo unilateralmente. “Sí podría aumentar la harina y/o pellets de soja y el aceite, que hoy están en 31%. Pero serían solo dos puntos porcentuales”, subraya y añade que el trigo y el maíz, que están en 12%, podrían llegar a 15%, mientras que la carne que está en 9% podría llegar a 15%, al igual que los lácteos.
“La amenaza de subir retenciones se puede dar hasta ese número. Si quieren más que eso, tienen que ir al Congreso”, insiste.
A pesar de tener límites, en el caso de que Fernández quiera realizar decretos por encima de esos porcentajes, sería una medida inconstitucional, pero con antecedentes.
Aumento de retenciones: antecedente
En septiembre de 2018, bajo la presidencia de Mauricio Macri, el Gobierno estableció por decreto un aumento en los derechos de exportación, a pesar de no poseer las facultades.
Tuvieron que pasar varios meses, hasta que en marzo de 2019 la Justicia Federal de Rosario declaró la inconstitucionalidad de ese artículo del decreto.
Sin embargo, fue una sola empresa la que llevó el tema a la justicia, que ordenó la devolución de las retenciones abonados por la compañía demandante con motivo de los permisos de embarque oficializados entre la fecha de entrada en vigencia del decreto y la fecha de entrada en vigencia de la ley de Presupuesto 2019.
Es decir, a pesar de haber sido inconstitucional, la ley no se derogó y el resto de las firmas exportadoras pagaron los gravámenes.
“Si por decreto que aumenta más del límite que establece la delegación de la facultad, cada empresa debe hacer el planteo y esperar a que la Justicia defina, mientras, tiene que pagar”, observa Domínguez.
¿Cierran las exportaciones de carne?
Respecto de la posibilidad de que se cierre completamente los envíos de carne al extranjero, Domínguez insiste en que la resolución conjunta 3 puesta en marcha la semana pasada, en la que se oficializó un registro de carne para exportar, con el fin de controlar la subfacturación y el cumplimiento de acuerdos de precios, brinda la posibilidad al Gobierno de decidir quién exporta y quién no. “Da discrecionalidad, e incluso en la norma dicen que si llegara a haber desabastecimiento interno, se tendrán en cuenta las declaraciones juradas. Es decir, que mañana consideran que el mercado interno no está abastecido y no necesitan una medida nueva, si no que directamente no aprueba las exportaciones”, sostiene el letrado.
Un tipo de cambio atrasado
Por su parte, Germán Paats, presidente de la Fundación Barbechando, advierte que hay otros mecanismos que funcionan como retenciones. “Como pisar el tipo de cambio. Existe una diferencia enorme entre el tipo de cambio al que liquidan y el dólar bolsa. A los exportadores les liquidan directamente en pesos y eso es una forma de retención”, argumenta el experto.
En este sentido, resalta que existen dos caminos para generar una retención, ya sea directa, a través de una alícuota, o indirecta, con una liquidación a dólar “barato”. “En definitiva es lo mismo, porque dan menos plata de lo que corresponde. Hoy por hoy el Estado tiene esa posibilidad a través de instrumentos legales. Liquidan en pesos a determinada plata y se quedan con el resto en dólares”, indica.
Medidas inconvenientes
Respecto de la posibilidad de que se aumente por decreto algunos puntos porcentuales para ciertos productos, Paats considera que no es una medida que se vaya a tomar. “En maíz, estamos hablando de dos puntos, y es poca plata”, describe. En relación a un posible aumento de trigo, detalla: “Estamos en plena época de siembra. Si se llega a dar, se va a achicar el área sembrada, así que no creo que lo hagan”.
Sobre la situación cárnica, aclara que un cierre sería “inviable” desde el punto de vista geopolítico. “El volumen que exportamos a China es lo suficientemente importante como para que se vuelva una cuestión de Estado”, asegura. A su vez, explica que cerrarse tendría graves consecuencias internas. “Dejarían a 200.000 personas en la calle, y la situación actual no está para tener a tanta gente desempleada”, completa.
