El Gobierno busca reducir el peso de los derechos de exportación para mejorar la competitividad de los sectores exportadores, aunque las retenciones todavía representan una fuente relevante de ingresos para sostener el equilibrio de las cuentas públicas.
Un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP-UBA/Conicet) estimó que durante 2025 la recaudación por este impuesto equivalió al 0,8% del PBI y aportó más de la mitad del superávit primario conseguido por el Estado. El dato refleja el dilema que enfrenta la política económica: reducir un tributo considerado perjudicial para las exportaciones sin resignar recursos fiscales importantes.
Menos productos alcanzados, pero el agro sigue aportando
La estrategia oficial consistió hasta ahora en reducir la cantidad de productos alcanzados por las retenciones, especialmente dentro del sector industrial. Con el Decreto 566/2026, más de 1.400 posiciones arancelarias quedaron sin derechos de exportación, mientras que el universo de productos gravados pasó de 3.573 a 2.137.
Sin embargo, la mayor parte de las posiciones que generan recursos para el fisco permaneció alcanzada. En particular, el complejo agroindustrial continúa siendo uno de los principales aportantes, junto con determinados combustibles y minerales.
De esta manera, el Gobierno logró ampliar la cantidad de productos liberados del impuesto sin resignar de inmediato una porción significativa de la recaudación.
El agro podría aportar más de US$ 4.600 millones
Las estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario muestran la magnitud que todavía tienen las retenciones para las cuentas públicas. Las seis principales cadenas agrícolas —soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo— aportarían durante 2026 unos US$ 4.613 millones, una cifra apenas inferior a los US$ 4.665 millones registrados el año pasado.
El complejo sojero concentraría la mayor parte, con una contribución estimada en US$ 3.275 millones. Le seguirían el maíz, con US$ 754 millones; el trigo, con US$ 324 millones; el girasol, con US$ 158 millones; la cebada, con US$ 79 millones y el sorgo, con US$ 22 millones.
La particularidad es que estos niveles de recaudación se alcanzarían con alícuotas inferiores a las de años anteriores. El mayor volumen exportado permitiría compensar buena parte de los ingresos que el Estado resigna por la reducción de las tasas.
El desafío de eliminar el impuesto
Las retenciones tienen un peso mucho menor que en otros momentos. Según el IIEP, llegaron a representar más del 3% del PBI en 2008 y se mantuvieron durante varios años por encima del 2%. Hoy su participación es considerablemente menor, pero continúa siendo significativa para el resultado fiscal.
El Gobierno enfrenta así una disyuntiva: avanzar con nuevas reducciones permitiría mejorar los incentivos para producir y exportar, pero una eliminación más profunda obligaría a encontrar otras fuentes de financiamiento para reemplazar los recursos perdidos.
Por ahora, la estrategia parece apuntar a una reducción gradual y selectiva. El margen para profundizarla dependerá, en buena medida, de que el crecimiento de las exportaciones y de la actividad económica genere suficientes recursos adicionales para compensar la menor recaudación por derechos de exportación.
