La nueva normativa elimina la obligación de que los inspectores nacionales verifiquen las habilitaciones provinciales de las empresas fumigadoras y redefine los requisitos para realizar estos tratamientos.
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) actualizó el procedimiento de supervisión de las fumigaciones oficiales de granos y otras mercaderías destinadas al comercio internacional. La medida quedó establecida mediante la Resolución 955/2026 y reemplaza el régimen vigente desde 2023.
Entre los principales cambios, los inspectores dejarán de tener la obligación expresa de comprobar las habilitaciones provinciales de las empresas aplicadoras, las autorizaciones de sus directores técnicos y determinadas condiciones de los establecimientos.
La fiscalización del organismo se concentrará en los aspectos fitosanitarios, como la correcta aplicación de los productos, las dosis utilizadas y los equipos de medición. Además, las empresas deberán informar el personal involucrado en cada tratamiento, sin que se contemple expresamente la presentación de las constancias de habilitación provincial ante los inspectores.
La resolución aclara que las empresas continúan obligadas a cumplir las exigencias provinciales correspondientes. También mantiene las medidas de seguridad para las fumigaciones y las restricciones vigentes sobre el uso de determinados productos, como el bromuro de metilo.
La nueva normativa entrará en vigencia a partir de hoy 18 de noviembre, en todo el territorio nacional. Quedan excluidos los tratamientos de frutas y hortalizas, que cuentan con regulaciones específicas.




