La discusión por la reforma de la Ley de Biocombustibles comenzó a generar fuertes diferencias entre el Gobierno nacional y varias provincias productoras. Mientras el oficialismo impulsa un nuevo esquema para desregular el mercado y ampliar la competencia, distintos distritos advirtieron que el proyecto podría poner en riesgo la continuidad de numerosas pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción de biodiésel.
Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Santa Fe y Córdoba ya expresaron reparos sobre la iniciativa que se debate en el Senado y trabajan para introducir modificaciones antes de su eventual aprobación.
La propuesta impulsada por el oficialismo busca reemplazar el esquema vigente, que tiene plazo hasta 2030, por un nuevo marco regulatorio con una duración de 15 años.
Entre los principales cambios se plantea elevar el corte obligatorio de biodiésel en el gasoil al 10% y el de bioetanol en las naftas al 15%, distribuyendo la participación inicial entre la producción proveniente de caña de azúcar y maíz.
Sin embargo, uno de los puntos que más cuestionamientos genera es la posibilidad de que empresas integradas —que además producen aceite vegetal o harina proteica— puedan abastecer el mercado interno de biocombustibles.
Las provincias que concentran buena parte de las plantas de biodiésel sostienen que esa apertura podría dejar en desventaja a las pequeñas y medianas empresas instaladas en el interior del país.
El régimen vigente había sido diseñado para fomentar el desarrollo regional mediante cupos destinados a productores pymes, permitiendo el crecimiento de plantas ubicadas lejos de los grandes puertos exportadores.
Ahora, distintos gobiernos provinciales advierten que competir con grandes compañías integradas podría derivar en una mayor concentración del mercado y comprometer la continuidad de numerosas industrias locales.
Buenos Aires pidió preservar la capacidad instalada
Desde la provincia de Buenos Aires manifestaron que cualquier modificación del régimen debería garantizar la continuidad de las empresas que actualmente operan en el sector.
Según remarcaron desde el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense, en territorio provincial funcionan once pymes dedicadas a la producción de biodiésel, cuya actividad genera empleo y movimiento económico en distintas localidades del interior.
Además, sostuvieron que una nueva normativa debería promover el agregado de valor y el desarrollo regional sin favorecer posiciones dominantes dentro del mercado.
San Luis y La Pampa también expresaron reparos
En San Luis, el Gobierno provincial solicitó a sus legisladores nacionales que no acompañen el proyecto tal como fue presentado.
Las autoridades locales advirtieron que la actividad sostiene cientos de puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos y alertaron que las pequeñas plantas provinciales tendrían escasas posibilidades de competir frente a grandes grupos aceiteros.
La Pampa también manifestó su preocupación. Desde esa provincia señalaron que la reforma podría afectar a unas 25 pequeñas y medianas empresas vinculadas al sector y poner en riesgo numerosas fuentes laborales.
Incluso legisladores de distintas fuerzas políticas presentaron una propuesta alternativa para que la competencia se desarrolle entre empresas de características similares, evitando que las pymes compitan directamente con grandes industrias integradas.
Santa Fe y Córdoba trabajan en una propuesta conjunta
Los gobiernos de Santa Fe y Córdoba también respaldan la necesidad de actualizar la legislación, aunque consideran que el proyecto oficial requiere modificaciones.
Entre los cambios impulsados figura elevar el corte obligatorio de biodiésel hasta el 15%, por encima del porcentaje previsto por la iniciativa oficial.
Además, proponen reservar una parte del mercado para productores no integrados, garantizando así la participación de las pymes dentro del nuevo esquema.
La propuesta también contempla la creación de mecanismos de monitoreo para detectar prácticas anticompetitivas, fortalecer los controles sobre el mercado y prevenir posibles situaciones de concentración.
Un debate que enfrenta desarrollo regional y desregulación
Aunque existe consenso en que la legislación vigente necesita una actualización, las diferencias aparecen en la forma de organizar el mercado.
Mientras el oficialismo apuesta por una mayor apertura y competencia entre todos los actores del sector, varias provincias sostienen que la reforma debe contemplar mecanismos específicos que preserven el desarrollo de las economías regionales y la continuidad de las pequeñas y medianas empresas que abastecen al mercado interno.
Con el debate abierto en el Senado y varios proyectos en análisis, la discusión promete continuar en las próximas semanas, con las provincias buscando introducir cambios que equilibren la desregulación con la protección del entramado productivo del interior del país.
