La Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz busca frenar en la Justicia la flexibilización del estatus sanitario que rige hace dos décadas. El organismo nacional cuestiona la representación legal de su presidente.
Un fuerte conflicto enfrenta al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) con la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz (FIAS) por la flexibilización de la barrera sanitaria patagónica, medida que habilita el ingreso de carne vacuna con hueso a la región. La iniciativa, implementada en junio mediante la resolución 460/2025, encendió alarmas en el sector ganadero por un posible riesgo al estatus de región libre de aftosa sin vacunación, clave para las exportaciones de cordero patagónico.
El productor Enrique Jamieson, presidente de FIAS y de la Sociedad Rural de Río Gallegos, presentó un amparo para frenar la aplicación de la medida, alegando que pone en peligro el acceso a mercados como Chile, que ya mantiene suspendidas las compras de carne argentina. Sin embargo, el juez federal de Río Gallegos rechazó la acción por considerar que Jamieson no acreditó de manera válida su representación legal al frente de la federación.
Nota que te puede interesar: Cómo serán las rebajas de retenciones anunciadas por Milei y qué impacto real tendrán
Pese a ese revés judicial, Jamieson apeló la sentencia y defendió su legitimidad, al sostener que asumió la presidencia tras la renuncia del titular, en línea con el estatuto de la entidad. Sin embargo, el Senasa insistió en que no presentó la documentación exigida y que su designación no está registrada ante la autoridad competente, lo que —según el organismo— invalida la acción judicial de FIAS.
En paralelo, el Senasa subrayó que la política sanitaria en materia de fiebre aftosa es de competencia exclusiva del Estado Nacional, respaldada por la Ley 24.305 y la Ley 27.233. “Es función del Estado Nacional velar por el estatus sanitario de todo el territorio, sin exclusiones ni prerrogativas provinciales”, señaló en su presentación. Ahora, será la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia la que defina si el reclamo de los productores santacruceños sigue en pie o queda definitivamente descartado.
