La Cámara de Diputados debatirá esta semana un proyecto del Gobierno nacional que propone una profunda modificación del régimen de Zona Fría, con cambios en los subsidios al gas natural y nuevas condiciones para acceder a los beneficios tarifarios.
La iniciativa forma parte de una reforma energética más amplia que también incluye medidas sobre tarifas eléctricas, deudas con CAMMESA y promoción de energías renovables.
El eje central del proyecto apunta a reducir el costo fiscal del sistema y concentrar la asistencia únicamente en hogares considerados vulnerables. Para eso, el oficialismo propone limitar el acceso a los subsidios ampliados en 2021 y aplicar criterios combinados de ubicación geográfica y situación socioeconómica.
Qué usuarios podrían perder el beneficio
La reforma mantiene el esquema histórico para regiones con condiciones climáticas extremas, como la Patagonia, Malargüe y zonas de la Puna, donde continuará vigente la bonificación sobre el consumo de gas natural y gas propano por redes. Sin embargo, el cambio impactaría especialmente sobre los usuarios incorporados al régimen tras la ampliación de la Ley 27.637, aprobada en 2021.
En esos casos, el acceso al subsidio dependerá de estar inscripto en el nuevo sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), implementado por el Gobierno nacional a fines de 2025. Según el proyecto, podrán conservar el beneficio los hogares con ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales, además de beneficiarios incluidos en el ReNaBaP, personas con discapacidad y veteranos de Malvinas registrados dentro del esquema oficial.
De esta manera, miles de usuarios que hoy acceden automáticamente al descuento por ubicación geográfica podrían quedar excluidos si no cumplen con los requisitos socioeconómicos establecidos.
Otro de los puntos centrales de la iniciativa es la modificación en el cálculo de la bonificación. Actualmente, el descuento se aplica sobre el total de la factura de gas, incluyendo transporte y distribución. Con el nuevo esquema, el subsidio solo alcanzaría al valor del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), reduciendo así el porcentaje efectivo de asistencia sobre la factura final.
Desde el Gobierno argumentan que la ampliación territorial del régimen elevó considerablemente el gasto público y generó subsidios cruzados financiados por usuarios de otras regiones del país. Además, sostienen que el recargo aplicado sobre las tarifas ya no alcanza para cubrir el costo del sistema y que fue necesario recurrir a aportes adicionales del Tesoro Nacional.
Reforma energética más amplia
El proyecto oficial también incluye medidas vinculadas al sistema eléctrico. Entre ellas, habilita mecanismos para regularizar deudas entre distribuidoras y CAMMESA, mediante esquemas de compensación condicionados a que las empresas desistan de reclamos judiciales contra el Estado. Además, plantea el traslado automático de los costos de generación eléctrica y compra de gas a las tarifas finales, con el objetivo de reducir distorsiones y evitar nuevos atrasos financieros dentro del sistema energético.
En paralelo, la iniciativa prorroga hasta 2045 los beneficios fiscales para proyectos de energías renovables previstos en la Ley 27.191 y elimina algunos regímenes promocionales hidrocarburíferos implementados en años anteriores, aunque manteniendo derechos adquiridos para inversiones ya aprobadas.
Si bien desde IERAL respaldaron la intención oficial de ordenar subsidios y mejorar la sustentabilidad fiscal del sistema energético, también advirtieron sobre el riesgo de aumentos bruscos para los hogares. La entidad recomendó aplicar una transición gradual y combinar criterios de severidad climática, vulnerabilidad socioeconómica y niveles razonables de consumo energético para definir los subsidios.
