El proceso de reestructuración del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) continúa avanzando y, a pocas semanas de la apertura del nuevo programa de retiros voluntarios, alrededor de 420 trabajadores ya iniciaron el trámite de adhesión.
La medida forma parte del plan de reorganización impulsado por el Gobierno nacional, que busca reducir la estructura del organismo y alcanzar unas 1200 desvinculaciones durante esta etapa.
El esquema comenzó a regir el pasado 4 de mayo y permanecerá habilitado hasta el 15 de junio. Según estimaciones oficiales, la meta representa cerca del 21% de la planta total del organismo, que hasta antes del inicio del programa contaba con aproximadamente 5750 empleados entre personal técnico, administrativo y trabajadores de estaciones experimentales distribuidas en todo el país.
Cómo funciona el programa de retiros
La propuesta alcanza a trabajadores con al menos tres años de antigüedad y contempla el pago de una gratificación extraordinaria equivalente a una vez y media la remuneración mensual por cada año trabajado, con distintos topes según la edad del agente.
El pago se realizaría en una única cuota dentro de los 30 días posteriores al cese laboral y, como condición, quienes adhieran no podrán reingresar a la administración pública nacional durante un plazo de cinco años. Dentro del organismo, uno de los temas que sigue generando consultas entre los trabajadores es el reconocimiento de la antigüedad acumulada en planta no permanente (PNP).
Según distintas fuentes vinculadas al proceso, actualmente el cálculo contempla únicamente los años de planta permanente, mientras que muchos empleados acumulan largos períodos previos bajo otras modalidades contractuales. Ese punto ya había sido motivo de discusión durante la última reunión del Consejo Directivo del INTA, donde representantes de entidades agropecuarias y universidades solicitaron precisiones sobre la disponibilidad de fondos y la reglamentación del programa antes de avanzar con su implementación definitiva.
De acuerdo con la documentación tratada en el organismo, el costo estimado del esquema de retiros asciende a más de $101.000 millones, contemplando las compensaciones y las partidas presupuestarias necesarias para financiar el proceso. En paralelo, distintas áreas continúan evaluando alternativas para cubrir situaciones vinculadas al personal que tuvo años de desempeño en planta transitoria.
En ese marco, trascendió que la Fundación ArgenINTA analiza posibles mecanismos de acompañamiento financiero para esos casos, aunque hasta el momento no existe una definición oficial sobre cómo avanzará ese esquema.
Reorganización y redefinición de estructuras
El proceso forma parte de una reorganización más amplia que el Gobierno nacional viene aplicando sobre distintos organismos públicos vinculados al sistema científico y tecnológico. Dentro del INTA, además de la reducción de personal, se encuentran bajo análisis distintos esquemas de reorganización administrativa, revisión de programas y optimización de recursos.
El INTA mantiene una fuerte presencia territorial a través de estaciones experimentales, agencias de extensión y centros de investigación distribuidos en distintas provincias del país. El organismo cumple funciones vinculadas al desarrollo tecnológico agropecuario, investigación aplicada, transferencia de conocimiento y asistencia técnica para productores y economías regionales.
Por ese motivo, el proceso de reorganización es seguido de cerca tanto por entidades rurales como por universidades y actores del sistema científico, en un contexto donde el Gobierno nacional busca avanzar con una reducción del gasto público y una redefinición de estructuras estatales.
