Lo que establece legalmente el límite entre lo urbano y lo rural, los primeros 10 metros son un «área de seguridad» donde no se puede aplicar ningún fitosanitario, ni químico ni biológico.
El uso de productos fitosanitarios, comúnmente conocidos como agroquímicos, en las cercanías de zonas pobladas es un tema que provoca inquietud. Esto es así por la controversia existente acerca de los potenciales perjuicios que podrían provocar a la salud humana y el ambiente.
Las aplicaciones de fitosanitarios en zonas periurbanas, y las posibles derivas originadas durante las mismas, preocupan especialmente a aquellas personas que residen en la proximidad a las zonas de tratamiento.
Desde 2013, existe una recomendación por parte del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y un gran número de instituciones públicas y privadas, que promueve el concepto de zona de amortiguamiento por sobre el de zona de exclusión.
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Protocolos para controlar aplicaciones a distancias urbanas
La Agencia de Extensión Rural Castellanos de INTA elaboró un «Protocolo de Aplicaciones para Periurbanos Ampliados» para ofrecerlo como modelo a comunas y municipios del departamento con el fin de evitar conflictos entre campo y ciudad por el uso de productos fitosanitarios.
«Tenemos la suerte de que ya varios pueblos lo adoptaron y lo transformaron en ordenanza, principalmente los agrícolas», indicó a Campolitoral el Lic. Cristian León, y explicó que la iniciativa es el resultado de un trabajo conjunto, realizado los últimos dos años, con el senador departamental Alcides Calvo y los mandatarios del distrito.
El profesional valoró que, allí donde ya se implementó la herramienta, se notó una disminución de la conflictividad. «Principalmente porque hay que tener informada a la población de todos estos trabajos; de que nadie quiere contaminar a nadie y que cada aplicación que se hace en el periurbano está controlada», apuntó. Uno de ellos es San Vicente, donde hace más de un año que rige la normativa y «no hubo más denuncias».
Incluso destacó que en las grandes ciudades «tiene muy buena repercusión invitar, además del veedor, a informantes de cada vecinal lindera al campo periurbano; entonces ese vecinalista vuelve al barrio y cuenta cómo se realizó el trabajo».
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Lo primero que contempla el protocolo es la fijación de la línea agronómica, que -sostuvo León- «deben tener todos, y parece mentira pero la mayoría no los tiene». Y además de establecerlo se debe actualizar todos los años.
A partir de esa línea que establece legalmente el límite entre lo urbano y lo rural, los primeros 10 metros son un «área de seguridad» donde no se puede aplicar ningún fitosanitario, ni químico ni biológico. «Y se debe instalar una barrera forestal», dijo, y citó que en Cañada Rosquín y San Martín de las Escobas (en el departamento San Martín) «funciona muy bien».
Luego, desde los 10 hasta los 1500 metros, el área central de la regulación se denomina «de aplicaciones restringidas», donde sólo pueden aplicarse productos de banda verde o azul. «Y, fundamental, el control absoluto de las aplicaciones por parte del Estado», añadió el profesional. Ese trabajo lo realiza «un veedor municipal» que constata que las condiciones ambientales son adecuadas y que el producto tiene receta y es el apropiado.
«48hs antes del trabajo los productores deben presentar la receta agronómica en el municipio y solicitar la presencia del veedor con día y horario; la aplicación no comienza si no cuenta con la aprobación del veedor», remarcó.
A continuación, entre los 1.500 y hasta los 2.500 metros, se denomina «área de responsabilidad social rural», donde se apela a la conciencia de productores y asesores para el uso responsable de los productos.
Un capítulo especial se dedicó a las inmediaciones de escuelas y viviendas rurales, donde priman los mismos criterios con algunas variaciones. «Lo fundamental es que «estén avisados», dijo León. Y para el caso de establecimientos educativos «sólo se puede aplicar el viernes por la tardecita hasta el domingo a la tardecita».
El origen de este protocolo se remonta al año 2016, cuando se produjo una gran inundación en la zona que estimuló reuniones frecuentes de los técnicos de INTA con algunos intendentes y presidentes de comuna. A una -recordó León- asistió el senador departamental y ofreció realizar una convocatoria a los 46 municipios del distrito.
A partir de entonces, comenzaron a tener dos encuentros anuales en los cuales se planteaban las inquietudes y todos coincidían en que el uso de agroquímicos era una preocupación común.
Con el inicio de la pandemia León pensó en aprovechar el tiempo para elaborar un protocolo «con la idea de producir en forma responsable y no prohibir por prohibir». Próximo a concluir el trabajo, convocó a un productor de la zona y dos ingenieros agrónomos para una revisión. A fin de 2020 se presentó en forma virtual y desde entonces se les hicieron correcciones. El paso final será presentarlo formalmente a todos los gobiernos locales, acontecimiento que sería «en la primera reunión de este año, seguramente será en abril o mayo», estimó.
