La compañía respondió las impugnaciones y aseguró que tiene las mayorías legales para validar el plan; el juez deberá resolver entre la homologación o la quiebra sin nuevas ofertas.
En una nueva etapa de la disputa judicial por Vicentin, la empresa Grassi SA solicitó formalmente la homologación del acuerdo preventivo, tras contestar las impugnaciones presentadas por LDC Argentina y Molinos Agro. La firma sostuvo que logró las mayorías exigidas por la Ley de Concursos y Quiebras, con el apoyo del 66% de los acreedores computables y el 84,99% del capital verificado, lo que la convierte ―según su planteo― en la única oferente en condiciones de avanzar.
Grassi calificó a sus objetores como “cramdistas perdidosos” y los acusó de intentar “forzar la quiebra” de la compañía madre. También rechazó las críticas a la inclusión de ciertos votos, argumentando que ni la sindicatura ni el juzgado objetaron la base de cómputo durante el proceso. Para la empresa, las impugnaciones son “falaces, endebles y extemporáneas”.
La compañía también defendió su propuesta frente a los cuestionamientos de “abusividad”, asegurando que los acreedores accedieron a alternativas claras, voluntarias y con información suficiente. Incluso destacó que puso a disposición simuladores web para evaluar los escenarios financieros y negó cualquier tipo de coacción. “No se obligó a nadie a celebrar ningún contrato a palos”, enfatizó en su escrito.
Ahora, el proceso entra en una instancia decisiva: el juez deberá optar entre homologar el acuerdo o declarar la quiebra de Vicentin, sin margen para nuevas ofertas ni intermediarios. La resolución, según fuentes judiciales, podría marcar el tramo final de un concurso que lleva más de cuatro años en disputa.
