Lejos de cerrar el caso, el fallo abre un escenario con múltiples caminos legales, tanto dentro del sistema judicial de Estados Unidos como en tribunales arbitrales internacionales.
Luego de la decisión de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que dejó sin efecto la condena por más de u$s16.000 millones contra la Argentina, el litigio por la expropiación de YPF ingresó en una nueva etapa, marcada por definiciones judiciales y posibles derivaciones en el plano internacional.
El primer paso que podrían dar los demandantes es solicitar una revisión del fallo ante todos los jueces de la Cámara de Apelaciones, en lo que se conoce como “hearing en banc”. Se trata de un recurso poco frecuente, aunque el carácter dividido de la decisión podría habilitar su análisis.
Este pedido debe presentarse en un plazo breve tras el fallo, y su resolución podría demorar varias semanas. Si prospera, el caso adquiriría una dimensión excepcional dentro del sistema judicial estadounidense.
En caso de rechazo, la siguiente instancia sería la Corte Suprema de Estados Unidos, a través de un pedido de revisión. Sin embargo, este tipo de recursos tiene una baja tasa de aceptación, lo que limita las probabilidades de que el máximo tribunal intervenga.
Aun así, el calendario judicial juega un rol importante: si la presentación se realiza antes del receso de verano, una respuesta podría conocerse hacia fin de año. De lo contrario, el proceso podría extenderse hasta 2027.
La vía internacional: un frente paralelo
En paralelo al recorrido en Estados Unidos, existe la posibilidad de avanzar en un reclamo ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), el tribunal arbitral del Banco Mundial.
Esta alternativa no depende de agotar las instancias judiciales previas y podría activarse en el corto plazo, lo que sumaría un nuevo frente al conflicto.
La eventual apertura de este proceso implicaría trasladar la disputa a un ámbito de arbitraje internacional, con reglas y tiempos distintos a los de la justicia estadounidense, aumentando la complejidad del caso.
El conflicto judicial se originó tras la expropiación del 51% de YPF en 2012 y se transformó en uno de los casos más relevantes para las finanzas argentinas de las últimas décadas.
En 2023, una sentencia de primera instancia había ordenado al país pagar una indemnización millonaria a los demandantes por no haber realizado una oferta pública a los accionistas minoritarios.
La reciente revocación de esa condena significó un alivio inmediato para las cuentas públicas. Sin embargo, el proceso sigue abierto y las próximas decisiones serán determinantes.
El futuro del caso dependerá ahora de cómo evolucionen estas instancias: si el fallo se consolida como definitivo o si la disputa vuelve a escalar, ya sea dentro de Estados Unidos o en el ámbito internacional.
