El proceso de ajuste dentro del INTA sumó un nuevo avance con la decisión de cerrar 14 agencias de extensión rural en Buenos Aires y Córdoba. La medida fue aprobada por el Consejo Directivo del organismo y forma parte del plan de reestructuración que impulsa el Gobierno nacional.
Con este paso, el recorte ya alcanza cerca de la mitad del objetivo planteado, en una estrategia que apunta a reducir la estructura territorial del instituto. La decisión impacta sobre distintas regiones importantes.
En Buenos Aires Norte dejarán de funcionar las sedes de Vedia y Rojas, mientras que en el sur bonaerense el ajuste alcanza a Laprida, General La Madrid, Benito Juárez, Lobería, Otamendi, Necochea, Balcarce, Mayor Buratovich y Saladillo. En Córdoba, el cierre afectará a las agencias ubicadas en Oncativo, La Carlota y Ucacha.
Con estas bajas, el número total de agencias eliminadas asciende a 24, si se suman los cierres ya definidos previamente en otras provincias, como el caso de Chaco, y la disolución del centro regional del AMBA.
Un plan más amplio de recorte
La medida se enmarca dentro de la denominada “Adecuación y Fortalecimiento de los Recursos Humanos”, el programa que guía la reestructuración del organismo.El objetivo es reducir la red de agencias de extensión rural de 299 a 252 en todo el país, lo que implica la eliminación de 48 sedes en total.
Pero el ajuste no se limita a estas dependencias. El plan también contempla la venta de campos experimentales, la unificación de centros regionales y la eliminación de líneas de trabajo. En las últimas semanas, cambios en la composición del Consejo Directivo —con nuevos representantes en lugar de perfiles críticos— facilitaron la aprobación de medidas que hasta ahora no lograban consenso.
La reestructuración del INTA responde a una redefinición de su funcionamiento, con foco en reducir costos y reorganizar su estructura. Sin embargo, el avance del ajuste también genera debate en el sector, especialmente por el rol que cumplen las agencias de extensión en el vínculo directo con productores y territorios.
En este contexto, el organismo atraviesa una etapa de cambios, con impacto tanto en su funcionamiento interno como en su presencia a nivel federal.
