La discusión por el uso propio de la semilla continúa sin consenso entre las entidades agropecuarias y la industria semillera. El Ejecutivo analizará las propuestas y avanzará en un proyecto que busca enviar al Congreso.
La reforma de la Ley de Semillas entró en una nueva etapa luego de que productores y representantes de la industria no alcanzaran un acuerdo sobre uno de los principales puntos del proyecto: qué productores deberán pagar por reutilizar semilla propia y cuáles quedarán exceptuados.
El tema fue analizado en una reunión realizada el lunes 28 de septiembre en la Secretaría de Agricultura, luego de tres encuentros técnicos entre las entidades agropecuarias y la Asociación de Semilleros Argentinos.
La legislación vigente, a través del artículo 27 de la Ley 20.247, contempla el derecho del agricultor a reservar y utilizar semilla de su propia producción. La reforma apunta a establecer un nuevo esquema para determinadas variedades protegidas y definir cuándo ese uso continuará siendo gratuito y cuándo podría generar un pago.
Dos propuestas según la escala productiva
Durante las negociaciones, el criterio de segmentación fue modificándose. Una de las primeras alternativas contemplaba un límite de 500 hectáreas para mantener el uso propio gratuito.
Con el avance de las conversaciones, esa referencia fue reemplazada por una metodología basada en los datos del Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA), que divide a los productores en deciles de superficie.
La propuesta del sector productivo para soja, trigo y arroz contempla que paguen quienes se encuentran dentro de los tres primeros deciles. Son 16.818 productores, equivalentes al 30% de los 56.065 analizados, pero concentran el 82,72% de la superficie, alrededor de 12,06 millones de hectáreas.
La industria semillera plantea ampliar ese universo hasta el sexto decil. De esta manera, quedarían alcanzados unos 33.636 productores, el 60% del total, que reúnen el 95,44% de la superficie analizada, unas 13,92 millones de hectáreas.
La diferencia entre ambas propuestas alcanza a 16.818 productores, mientras que la brecha respecto de la superficie involucrada es de unos 12,7 puntos porcentuales.
El Gobierno deberá definir el próximo paso
El Instituto Nacional de Semillas había convocado al encuentro para conocer los avances de las conversaciones privadas y los puntos en los que todavía persistían diferencias.
Con las propuestas sobre la mesa, ahora será el Gobierno el encargado de analizar la información y elaborar una alternativa propia. Según lo señalado por Lucas Magnano, presidente de Coninagro, también se prevé una nueva instancia de consulta con productores y obtentores antes de avanzar con el texto definitivo.
La participación de las entidades de la Mesa de Enlace fue dispar: estuvieron presentes representantes de la Sociedad Rural Argentina, Coninagro y Confederaciones Rurales Argentinas, mientras que Federación Agraria Argentina no participó por la realización de su congreso anual y dirigentes de CRA intervinieron de manera virtual.
La Sociedad Rural, por su parte, señaló que todavía existen aspectos que requieren análisis y que esperará conocer la propuesta oficial antes de definir una posición sobre sus alcances.
Otro de los puntos vinculados con la reforma es una eventual adhesión de Argentina al Acta UPOV 1991. Actualmente, el país integra la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales bajo el Acta de 1978, a la que adhirió en 1994.
La versión de 1991 amplía los derechos de los obtentores y contempla que cada país pueda establecer excepciones para el uso de semilla producida por los propios agricultores, dentro de determinados límites.
Por eso, una eventual adhesión a UPOV 91 no definiría por sí misma quién podría reutilizar semilla sin pagar. Ese criterio debería quedar establecido en la legislación nacional.
Una discusión que llegará al Congreso
El debate tiene especial relevancia en cultivos como soja, trigo y arroz, donde el productor puede reservar parte de su cosecha para volver a utilizarla como semilla.
Mientras la industria semillera plantea que un mayor reconocimiento de la propiedad intelectual puede favorecer la inversión en genética y nuevas variedades, las entidades productivas sostienen la necesidad de preservar excepciones amplias para los productores de menor escala y evitar un aumento desproporcionado de los costos.
Por ahora, no existe un texto definitivo ni una definición sobre quiénes deberán pagar por el uso propio. El próximo paso será la elaboración de la propuesta oficial, que el Gobierno pretende posteriormente llevar al Congreso para su discusión.
