Las mal llamadas retenciones, cuyo nombre correcto es Derechos de Exportación, son consideradas como “un mal necesario y transitorio”, ¿Desde cuando existen en el país?
Hay 167 impuestos en Argentina que asfixian a personas, negocios y empresas. Nación, provincias, municipios buscan su tajada de tu bolsillo. Y estos no incluyen el peor impuesto, el inflacionario, que afecta más a los pobres, y se remata con las retenciones al campo.
Las mal llamadas retenciones, cuyo nombre correcto es Derechos de Exportación, son consideradas como “un mal necesario y transitorio”, cuando no como un impuesto distorsivo, que se debería abandonar en cuanto la economía alcance una “normalidad” que, por supuesto, refiere a las economías de los países centrales del capitalismo moderno. En el peor de los casos son consideradas como una exacción injustificada a quienes generan mayor riqueza, para sostener a otros sectores productivos ineficientes con fines sociales apañados por la demagogia populista.
Se debe entender por qué las retenciones en Argentina no son un recurso fiscal extraordinario y transitorio, sino un instrumento fundamental de política económica para equilibrar las consecuencias de la estructura productiva desequilibrada (EPD) que tiene la economía local, gracias a la bendición divina de sus riquezas naturales y al desarrollo tardío de su aparato industrial, derivado de la “ingenua” inserción en la división internacional del trabajo a partir del siglo XIX.
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Una historia de larga data
A continuación realizamos un repaso de la historia de los derechos de exportación en nuestro país, un impuesto con impacto directo sobre la producción ya que tiene el efecto de disminuir la cotización doméstica del bien al que alcanzan.
«La traslación de su efecto hacia atrás hace que funcionen en la práctica como un impuesto a la producción«, se desprende de un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario. En tanto, la experiencia internacional deja a la Argentina como caso prácticamente único de castigo a sus ramas productoras de bienes exportables.
¿Comienzo en 1862?
Según el historiador, investigador y docente, Mario Rapoport, el origen de las retenciones a la exportación se remonta a 1862 bajo en Gobierno de Bartolomé Mitre.
Desde entonces se registraron numerosos idas y vueltas con diferentes alícuotas y formas de aplicación.
IAPI en 1940
Durante varios años no se aplicaron como en la década del 20 y 30, pero lo más destacado comienza a partir de 1940 cuando el gobierno reforzó el control sobre el comercio exterior con la creación del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI).
De acuerdo a un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario el IAPI fue construido sobre la base de la Corporación para la Promoción del Intercambio y la Junta Reguladora de Granos.
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Distintas fuentes precisaron que se encomendó al IAPI encarar la comercialización externa de las cosechas argentinas, en sustitución de organizaciones como Bunge Born o Dreyfus.
Operaba como el único comprador de cereales y oleaginosas en el mercado interno a precios fijados por el Estado: «En la práctica, los efectos asignativos de esta experiencia fueron similares a los de un sistema de derechos de exportación perfectamente móviles, que aíslan totalmente al mercado local del internacional», explicaron desde la BCR.
Este organismo funcionó hasta el 16 de septiembre de 1955, cuando se ordenó su disolución.
Derechos de exportación en 1955
A fines de 1955 el gobierno de la autodenominada «Revolución Libertadora» introdujo derechos de exportación en forma transitoria por hasta el 25%, incluyendo a las denominadas exportaciones tradicionales (cereales, carnes y otros productos del agro).
«Este primer esquema sufriría sustanciales modificaciones en los años siguientes. Los derechos de exportación volverían a fijarse en diciembre de 1958, en ocasión del lanzamiento del plan de estabilización del presidente Frondizi«, se desprende de un informe de la BCR.
Ajustes en la década de los ’60
A lo largo de la década de los años sesenta el régimen de derechos de exportación se ajustó en diversas ocasiones, aunque como regla general las alícuotas se mantuvieron bajas.
Desde la BCR explicaron que la finalidad del esquema era principalmente contrarrestar el efecto de las mejoras graduales en el tipo de cambio (durante la presidencia del Dr. Illia el signo monetario se devaluó nueve veces, aunque no era enteramente fijo). Por ejemplo, desde abril de 1965 las alícuotas vigentes fueron del 13% para el trigo, 9,5% a las carnes y 6,5% al maíz.
Las retenciones volvieron a formar parte central de un plan de estabilización en marzo de 1967, cuando el ministro Krieger Vasena introdujo una serie de medidas que incluyeron la devaluación del peso de 280 a 350 unidades por dólar estadounidense y la aplicación de derechos aduaneros de entre 20 y 25%, que se reducirían en forma gradual.
«Derechos especiales móviles» en 1972
La economía profundizó su inestabilidad en los primeros años de la década de 1970 y los derechos de exportación con frecuencia estuvieron en la agenda de los planes económicos. Distintos ministros recurrieron a ellos para mejorar la recaudación o desacoplar los precios internos de los internacionales.
Lo más saliente de este período fue, en 1972, la introducción de «derechos especiales móviles» mediante la Ley N° 19.503, estableciéndose que los mismos no podían exceder en ningún caso el 15% del valor FOB.
«Estas medidas se aplicaron en simultáneo con cierres de las exportaciones, con frecuencia recayendo sobre el mercado de carnes. Posteriormente, el gobierno militar de 1976 eliminó inicialmente la mayor parte de las barreras impositivas a la exportación, aunque las volvió a introducir en 1982 durante la gestión del ministro Roberto Alemann», señalaron desde la BCR.
Eliminación desde 1991
El gobierno democrático del Dr. Alfonsín también recurrió a los derechos de exportación para fortalecer las alicaídas arcas fiscales, aunque las alícuotas aplicadas fueron decreciendo a lo largo de su gestión.
«Tras eliminar totalmente las retenciones al trigo y al maíz en 1987 (se mantuvieron para el complejo oleaginoso con diferencial arancelario para los productos con transformación industrial), las volvió a introducir en febrero de 1989, en el medio de otras acciones que buscaban contener una crisis galopante«, se desprende del informe de la BCR.
A partir de 1991, en el marco de los esfuerzos de estabilización y con miras en dotar a la economía de una mayor apertura se eliminaron los derechos de exportación sobre todos los cereales, mientras que las semillas de soja y girasol continuaron alcanzadas por una alícuota del 3,5% a lo largo de toda la década (aceite y harina de ambos productos tributaban 0% para salir del país).
«Esta política fue acompañada con una quita de gran parte de los obstáculos al libre comercio agropecuario«, comentó la BCR.
Regreso en 2002
Las retenciones hicieron su reaparición con el decreto 310/02 de febrero de 2002, en el medio de una de las crisis más profundas de la historia argentina.
En los considerandos de la normativa se justificó su aplicación en la «grave situación por la que atraviesan las finanzas públicas» y en la necesidad de «atenuar el efecto de las modificaciones cambiarias sobre los precios internos». Inicialmente, las alícuotas fueron del 10% para trigo y maíz y del 13,5% para soja y girasol (productos procesados pagaban sólo 5%).
A partir de abril de ese año los porcentajes subieron a 20% en cereales y 23,5% en oleaginosas, respectivamente, mientras que harinas y aceites de soja y girasol comenzaron a tributar un 20%.
«De este modo, se mantenía el diferencial característico de la estructura arancelaria de nuestro país», explicaron desde la BCR.
Previa al conflicto
En enero de 2007 la resolución 10/07 del Ministerio de Economía y Producción incrementó las alícuotas en 4 p.p. para el complejo soja, quedando en 27,5% para el grano y 24% para los subproductos. Esta vez la medida se apoyó en el hecho de que la «demanda crece de manera sostenida» y tras su aplicación «la rentabilidad del sector productivo seguirá siendo adecuada».
Meses más tarde, tras las elecciones nacionales de 2007 el gobierno saliente modificó todo el esquema, esta vez en la búsqueda de «reducir los precios internos, consolidar la mejora de la distribución del ingreso y estimular el mayor valor agregado».
El maíz comenzó a pagar un derecho de exportación del 25% y el trigo del 28%, mientras que las alícuotas de girasol y soja se incrementaron hasta 32 y 35%, respectivamente, con 3 p.p. de diferencial arancelario para los productos de primera transformación industrial.
Conflicto de 2008
En marzo de 2008 tuvo lugar una nueva modificación en el esquema de retenciones.
«La situación fiscal era robusta y el tipo de cambio había permanecido estable por varios años. Aun así, el Ministerio de Economía, comandado en aquel momento por Martín Lousteau, diseñó un sistema móvil que en el momento de su anuncio aumentaba la carga tributaria hasta niveles que prácticamente vulneraban el principio de justicia en la imposición», explicaron desde la BCR.
Por último, hacia finales de 2008 y en el medio de una de las peores sequías de las últimas décadas, el gobierno resolvió reducir la carga vigente sobre las exportaciones de trigo y maíz, cultivos que habían perdido una considerable superficie de siembra.
Eliminación parcial en 2015
Desde entonces, por siete años se mantuvo mayormente inalterada la estructura de las retenciones para granos, harinas y aceites, verificándose solamente cambios en biodiesel y en el rubro de mezclas para alimentación animal, entre otros productos agroindustriales.
A partir 17 de diciembre de 2015 el Gobierno nacional oficializó la eliminación de las retenciones por derecho de exportaciones para el trigo, el maíz, la carne y productos regionales, y la reducción de 5 puntos porcentuales para la soja, quedando así en el 30%.
El Decreto consignaba: «El Estado nacional está decidido a implementar medidas efectivas tendientes a revertir los indicadores negativos de la economía argentina«.
Además se resaltaba la aplicación de «acciones concretas destinadas a superar la crisis agropecuaria y reactivar al sector, eliminando las trabas y restricciones que hoy limitan su capacidad, al tiempo que se favorece el cuidado del capital natural de nuestros suelos».
En tanto, a partir de enero de 2018 comenzó a regir una reducción gradual del 0,5% para el complejo sojero que en un principio iba a regir hasta diciembre de 2019 inclusive.
Luego, a mediados de agosto el Gobierno anunció cambios en el esquema, y con el objetivo de reducir el déficit fiscal, suspendiendo la rebaja para aceite y harina y eliminando así el diferencial contra la soja.
Regreso de retenciones en 2018
El gobierno de Macri anunció en septiembre de 2018 el regreso de las retenciones a la exportación con un alícuota de entre $3 y $4 por cada dólar FOB que se envía al exterior.
Además se suspendió la rebaja del 0,5% mensual para el complejo sojero y se llevó la alícuota al 18%.
«Adecuación» del esquema en 2019
Mediante un Decreto extraordinario publicado en el Boletín Oficial el gobierno de Alberto Fernández actualizó el esquema de retenciones y dejó sin efecto los $4 por dólar exportado.
Los $4 por dólar FOB exportado fueron reemplazados por un porcentaje fijo del 9%, mientras que la soja quedó con una retención del 30%, mientras que los cereales (trigo y maíz) con 12%.
«Esta medida no es más que una adecuación», destacó el ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca encabezado por Luis Basterra, en referencia al avance del tipo de cambio que fue quitando poder de recaudación a los derechos de exportación.
«Es importante resaltar que a partir de las reuniones que se llevarán adelante con los diferentes actores del sector, se trabajará conjuntamente y en el marco del diálogo propuesto por nuestro Presidente, en un nuevo esquema que incentive e incremente la producción y exportación de productos de alto valor agregado», agrega, dejando abierta la posibilidad de nuevos cambios.
