El Gobierno nacional avanzó en su estrategia para mejorar la fiscalización del uso de semillas y presentó al sector agropecuario y semillero una propuesta que introduce cambios en los mecanismos de control incorporando la participación del sector privado.
La iniciativa fue expuesta durante una reunión realizada en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, encabezada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, junto al secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, y el presidente del Instituto Nacional de Semillas (Inase), Martín Formulari.
Del encuentro participaron representantes de las principales entidades del agro, como Confederaciones Rurales Argentinas, Federación Agraria Argentina, Sociedad Rural Argentina, Coninagro, además de referentes de CREA, Aapresid y del sector semillero.
El proyecto oficial apunta a reforzar el cumplimiento de la normativa actual —la Ley 20.247— mediante herramientas operativas que permitan mejorar la trazabilidad y el control de la identidad varietal. Uno de los ejes centrales es establecer puntos de fiscalización en el primer lugar de entrega del grano, como acopios, plantas de procesamiento y puertos, considerados nodos clave por donde pasa gran parte de la producción antes de su comercialización.
En paralelo, se prevé integrar estos controles al Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA), lo que permitiría utilizar una estructura ya existente para cruzar datos y optimizar el monitoreo. De esta manera, todos los establecimientos que funcionen como puntos de entrega primaria deberán estar registrados en la plataforma.
Otro aspecto relevante es la incorporación de actores privados en el proceso de fiscalización. El esquema contempla la participación de Cámaras Arbitrales y entidades habilitadas por el Inase, en un modelo de articulación público-privada que busca aprovechar la capacidad técnica del sector sin desplazar el rol del Estado como autoridad de aplicación.
En cuanto a los procedimientos, los análisis de identificación varietal se realizarán mediante métodos reconocidos oficialmente, con resguardo de muestras testigo. Los resultados serán enviados a los titulares de las variedades registradas, quienes podrán iniciar acciones en caso de detectar irregularidades.
Desde el sector agropecuario valoraron el avance del diálogo. El presidente de CRA, Carlos Castagnani, calificó el encuentro como positivo y aportó un dato clave: la implementación del sistema se concentraría, en una primera etapa, en las nuevas variedades que ingresen al mercado.
“El esquema es un adelanto importante y representa el inicio de una solución que el sector viene reclamando. Lo más relevante es que no tiene carácter retroactivo, por lo que no perjudica al productor”, señaló. Además, explicó que los controles comenzarían sobre semillas comercializadas en bolsas, con análisis de laboratorio para determinar su origen.
En la misma línea, desde la Sociedad Rural Argentina destacaron la continuidad del diálogo institucional y consideraron que se avanza en la dirección correcta. No obstante, indicaron que continuarán analizando el alcance de la propuesta, especialmente en lo que respecta a su aplicación práctica y su impacto sobre los productores.
La discusión sobre el control de semillas lleva años sin resolverse en la Argentina, con posturas divergentes entre productores y empresas del sector. Mientras algunos impulsan una nueva ley que actualice el marco normativo, otros promueven la adhesión a estándares internacionales como UPOV 91. En este contexto, la iniciativa oficial busca un punto intermedio: mejorar la fiscalización sin modificar la legislación de fondo.
El desafío hacia adelante será lograr consensos amplios en torno a un sistema que garantice el cumplimiento de derechos de propiedad intelectual, sin afectar la dinámica productiva ni generar mayores costos para los productores.
