El proyecto con media sanción del Senado propone aumentar los cortes obligatorios de biodiesel y bioetanol, pero el esquema de transición genera cuestionamientos entre las pequeñas y medianas empresas.
La reforma de la Ley de Biocombustibles comenzó a discutirse en la Cámara de Diputados, donde las diferencias entre las grandes empresas del sector y las pymes elaboradoras de biodiesel ponen en duda la posibilidad de avanzar con el texto aprobado por el Senado sin modificaciones.
El debate se inició este martes en una reunión informativa de la Comisión de Energía y Combustibles, con la participación de representantes de distintas cámaras empresarias. Mientras algunos sectores respaldaron la iniciativa por su potencial para fortalecer la soberanía energética y generar empleo, las pequeñas y medianas empresas advirtieron sobre las consecuencias que podría tener el nuevo esquema para la competencia.
La propuesta establece un incremento gradual de los cortes obligatorios de biocombustibles. En el caso del biodiesel, el porcentaje pasaría del 7,5% al 10%, mientras que el bioetanol subiría del 12% al 15%, un año después de la sanción de la ley.
Las pymes cuestionan el esquema de transición
Uno de los principales focos de conflicto es el mecanismo previsto hasta 2036, que contempla una reducción progresiva de la cuota reservada a las empresas no integradas y una mayor participación de las compañías integradas, entre ellas las grandes aceiteras.
Desde la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB), su director ejecutivo, Federico Martelli, cuestionó el impacto que podría tener ese esquema sobre las firmas de menor escala.
“Modernizar no es mandar a la quiebra a 25 pymes y concentrar el negocio en seis aceiteras”, sostuvo, al advertir que los cambios propuestos podrían comprometer la continuidad de empresas que actualmente participan del mercado.
En la misma línea, el diputado Eduardo Falcone, del Movimiento de Integración y Desarrollo, señaló las dificultades que enfrentarían las pequeñas compañías para competir con firmas de mayor capacidad productiva.
Los cuestionamientos se centran en cómo se distribuirá la actividad entre los distintos participantes del sector y en las condiciones que tendrán las pymes para sostener sus operaciones frente a empresas integradas de mayor escala.
Apoyos al proyecto y diferencias dentro del sector
La iniciativa también cuenta con el respaldo de representantes empresariales que destacan sus posibles beneficios para el desarrollo energético y productivo del país.
Patrick Adam, de la Cámara de Bioetanol de Maíz, defendió el proyecto por su contribución a la soberanía energética, la generación de empleo y el desarrollo federal. Sin embargo, durante la reunión también se expresaron objeciones de otros representantes del sector sobre distintos aspectos del texto aprobado por el Senado.
De esta manera, el debate en Diputados quedó atravesado por posiciones contrapuestas: por un lado, quienes promueven una actualización del marco normativo y un aumento de los cortes obligatorios; por otro, quienes reclaman revisar las condiciones de participación para evitar que los cambios perjudiquen a las empresas de menor tamaño.
Una disputa política con eje en Córdoba
La discusión legislativa también derivó en un cruce político por la autoría y el impulso de la reforma, especialmente en Córdoba, una provincia vinculada al desarrollo de los biocombustibles.
El jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, atribuyó la iniciativa al presidente Javier Milei. Desde el schiarettismo, en cambio, destacaron las modificaciones introducidas durante las negociaciones en el Senado y el desarrollo que alcanzó la actividad en la provincia.
La controversia sumó otro elemento a una discusión que no se limita a los porcentajes de mezcla obligatoria, sino que también involucra el futuro de las empresas participantes y la distribución de oportunidades dentro de la industria.
El tratamiento continuará en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo busca avanzar con la reforma. Sin embargo, los reclamos de las pymes y las diferencias planteadas durante la reunión informativa mantienen abierta la posibilidad de introducir cambios antes de que el proyecto llegue al recinto.
