La magnitud del problema no admite eufemismos: el norte de Santa Fe atraviesa una de las situaciones hídricas más delicadas de los últimos años. Tras lluvias que dejaron acumulados cercanos a los 300 milímetros en pocos días, se estima que cerca de un millón de hectáreas quedaron bajo el agua, con un fuerte impacto sobre la producción ganadera y la logística rural.
El fenómeno afectó principalmente a los departamentos 9 de Julio, Vera y General Obligado, donde los anegamientos avanzaron sobre campos productivos, caminos rurales y zonas pobladas. En ese contexto, desde entidades del sector advirtieron que el escenario es de “extrema gravedad”, con suelos completamente saturados y accesos prácticamente inutilizables.
La situación complica de manera directa a la ganadería, actividad predominante en la región. Miles de cabezas de ganado bovino y equino quedaron aisladas en campos inundados, sin posibilidad de traslado ni abastecimiento regular. En muchos casos, los productores solo logran acceder a los establecimientos a caballo, lo que limita las tareas básicas de manejo y alimentación.
A esto se suma un deterioro progresivo en la condición corporal de los animales, dificultades sanitarias y riesgos crecientes de mortandad si el agua no drena en los próximos días. También se ven afectadas las campañas sanitarias y el movimiento de hacienda, en un contexto donde el transporte de insumos y alimentos está prácticamente paralizado.
Uno de los focos más críticos se ubica en la zona de los Bajos Submeridionales, un sistema de humedales que abarca partes de Santa Fe, Chaco y Santiago del Estero, caracterizado por su escasa pendiente y su alta vulnerabilidad a eventos extremos. Allí, la acumulación de agua agrava un escenario productivo ya condicionado por ciclos recurrentes de sequías e inundaciones.
El impacto no es solo productivo, sino también económico. La imposibilidad de operar con normalidad genera sobrecostos, pérdidas de stock y una interrupción en toda la cadena ganadera. En Vera, por ejemplo, donde se concentra un rodeo cercano a las 700.000 cabezas, la situación amenaza con tener consecuencias de largo alcance.
Frente a este panorama, entidades rurales avanzaron con el pedido formal de declaración de emergencia y/o desastre agropecuario. El objetivo es activar herramientas que permitan aliviar la carga financiera de los productores, garantizar asistencia y encarar la recuperación de la infraestructura afectada, especialmente caminos rurales y servicios básicos.
Mientras tanto, el sector sigue de cerca la evolución climática. La rapidez con la que escurra el agua será determinante para dimensionar las pérdidas finales en una región que, una vez más, queda expuesta a la vulnerabilidad estructural frente a eventos extremos.
