Entidades productivas y empresarias reclamaron el pronto tratamiento del nuevo marco regulatorio. El proyecto propone aumentar los cortes de biodiesel y bioetanol y establecer reglas de largo plazo para impulsar inversiones, empleo y agregado de valor.
El sector agroindustrial busca que el Congreso avance con una nueva regulación para los biocombustibles. Bolsas de cereales y comercio, cámaras empresarias y entidades vinculadas con el agro, la energía y las economías regionales reclamaron al Senado que acelere el tratamiento del nuevo Marco Regulatorio de Biocombustibles, incluido en el Expediente S-809/26 y otras iniciativas relacionadas.
El dictamen ya obtuvo respaldo en las comisiones de Minería, Energía y Combustibles, y de Presupuesto y Hacienda. Ahora, las organizaciones pretenden que llegue al recinto para avanzar hacia su aprobación definitiva.
Uno de los puntos centrales de la propuesta es establecer un incremento progresivo de los cortes obligatorios de biodiesel y bioetanol utilizados en gasoil y naftas.
Para las entidades del sector, una mayor participación de combustibles de origen agroindustrial permitiría ampliar la demanda de materias primas, fortalecer las cadenas productivas regionales y generar mayor valor agregado cerca de los lugares donde se producen los recursos.
La iniciativa también busca generar condiciones para una industria más competitiva, con mayores posibilidades de inversión y desarrollo tecnológico.
Una apuesta de largo plazo para la industria
Entre los aspectos más destacados por las organizaciones aparece la previsibilidad de 15 años para las inversiones, considerada un elemento clave para que las empresas puedan planificar ampliaciones de capacidad, incorporar tecnología y desarrollar nuevos productos.
El proyecto contempla además una mayor apertura del mercado, con alternativas como la incorporación de vehículos flex, kits de conversión y nuevas estaciones de servicio para el expendio de etanol.
También se plantea la posibilidad de establecer cortes provinciales superiores a los mínimos nacionales, tanto para bioetanol como para biodiesel.
El reclamo empresarial también tiene un componente ambiental. Las entidades sostienen que ampliar el uso de biocombustibles puede contribuir a reducir las emisiones vinculadas con el transporte y acompañar los compromisos internacionales asumidos por la Argentina en materia de transición energética.
El desarrollo del sector, además, podría abrir nuevas oportunidades más allá del mercado tradicional de combustibles terrestres. Entre los proyectos mencionados aparecen el combustible sostenible para aviación (SAF) y alternativas destinadas al transporte marítimo.
En el caso del bioetanol, las entidades también destacan su aporte para mejorar determinadas características de las naftas, como el octanaje.
El objetivo del nuevo esquema no se limita a modificar los porcentajes de mezcla. Desde el sector productivo plantean que una regulación más estable podría convertirse en una herramienta para atraer inversiones, generar empleo y profundizar el desarrollo industrial en las distintas regiones del país.
La mayor competencia también es presentada como una condición para lograr una oferta de combustibles más eficiente y con potenciales beneficios para los consumidores.
El pedido al Senado reúne a un amplio abanico de instituciones, entre ellas CARBIO, CIARA, Maizar, Coninagro, el Consejo Agroindustrial Argentino, el Centro Azucarero Argentino, la Cámara de Bioetanol de Maíz y las Bolsas de Cereales de Buenos Aires y Bahía Blanca, además de entidades productivas, comerciales y académicas.
Con el dictamen ya aprobado en comisiones, el sector busca ahora que el proyecto dé el siguiente paso. La expectativa es que una nueva regulación permita convertir la producción de biocombustibles en más industria, más valor agregado y nuevas oportunidades para las cadenas agropecuarias argentinas.
