El Ejecutivo formalizó la entrega de más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales a operadores privados. Los contratos incluyen mantenimiento, obras, explotación mediante peaje y prestación de servicios. La medida forma parte del plan para concesionar más de 9.000 kilómetros de la Red Federal.
El Gobierno nacional dio un nuevo paso en su política de concesión de infraestructura vial al adjudicar ocho corredores de rutas nacionales a empresas y consorcios privados por un período de 20 años.
La decisión quedó oficializada a través de la Resolución 1379/2026 del Ministerio de Economía y comprende más de 3.900 kilómetros distribuidos entre ocho corredores estratégicos. Las trazas atraviesan distintas provincias del centro, norte y oeste del país y quedarán bajo un esquema de concesión de obra pública por peaje.
Según la administración nacional, el objetivo es que las empresas privadas se encarguen de la operación y conservación de las rutas sin aportes del Tesoro. El modelo contempla tanto el mantenimiento cotidiano como la ejecución de obras, reparaciones, ampliaciones y mejoras de infraestructura.
Ocho corredores, ocho adjudicatarios
La tercera etapa de la Red Federal de Concesiones alcanzó a los corredores Centro, Centro Norte, Mesopotámico, Noroeste, Litoral, Noreste, Chaco-Santa Fe y Cuyo.
El Tramo Centro fue adjudicado a la unión conformada por AFEMA S.A., Pablo Federico e Hijos S.A. y Guido Mogetta S.A., con una tarifa de $1.399 más IVA.
En el Centro Norte, la concesión quedó en manos de José Cartellone Construcciones Civiles S.A., con una oferta de $2.175 más IVA.
El Mesopotámico será operado por IEB Construcciones S.A. y Trading MRG S.A.U., que ofertaron $3.564,99 más IVA.
Por su parte, el Noroeste fue adjudicado a Autovía Construcciones y Servicios S.A., VAPEU S.R.L. y GUIGIVAN S.R.L., con una tarifa de $2.285 más IVA.
El Litoral quedó para JCR S.A. y Néstor Julio Guerechet S.A., por $2.876,04 más IVA, mientras que el Noreste será administrado por Carlos E. Enriquez S.A. y HORMI S.A., con una oferta de $2.950 más IVA.
En el corredor Chaco-Santa Fe, la adjudicación correspondió a José Eleuterio Pitón S.A., ROVIAL S.A. y OBRING S.A., por $3.520 más IVA.
Finalmente, el Tramo Cuyo fue otorgado a Laugero Construcciones S.A., GREEN S.A. y Corporación del Sur S.A., con una tarifa ofertada de $3.090,2462 más IVA.
Qué deberán hacer las empresas
Los contratos no se limitan al cobro del peaje. Los concesionarios tendrán a su cargo la explotación y administración de las trazas, además de la conservación, reparación y ampliación de las rutas.
El esquema también habilita el desarrollo de actividades complementarias destinadas a generar ingresos y establece la prestación de servicios para los usuarios.
El control del cumplimiento de las obligaciones permanecerá bajo la órbita de Vialidad Nacional, que deberá supervisar el estado de las rutas y los niveles de servicio establecidos en los contratos.
Desde el Gobierno remarcaron que el nuevo sistema busca dejar atrás los modelos que requieren financiamiento permanente del Estado. Según la comunicación oficial, las concesiones no contemplarán subsidios públicos.
El plan apunta a más de 9.000 kilómetros
La adjudicación de estos ocho corredores constituye una nueva etapa dentro de un proceso más amplio iniciado por el Gobierno para modificar el esquema de administración de las rutas nacionales.
El programa contempla alcanzar más de 9.000 kilómetros de corredores estratégicos, por los que circula, según estimaciones oficiales, cerca del 80% del tránsito nacional.
El proceso tiene como antecedente el Decreto 97/2025, que habilitó la privatización de Corredores Viales S.A. y dio al Ministerio de Economía las herramientas para avanzar con las licitaciones.
Con esta nueva adjudicación, el Ejecutivo sostiene que ya se avanzó sobre 16 tramos dentro de la Red Federal de Concesiones. La expectativa oficial es que las obras vinculadas con el conjunto de corredores comiencen a ejecutarse hacia fines de septiembre.
La apuesta del Gobierno es trasladar al sector privado una parte creciente de la inversión y el mantenimiento de la red vial, mientras el Estado conserva la función de regulación y control de los contratos.
