En el primer bimestre del año el país acumuló 8,8% de inflación, por lo que se espera que para el tercer trimestre la Argentina alcance los 15 puntos, un número que preocupa y mucho al ministro de Economía Martín Guzmán.
Desde el Ministerio de Economía buscaron instalar la idea de que la aceleración de la inflación en los alimentos se dio “en el marco del incremento de los precios a nivel global por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania”. Pero ese argumento no parece acertado: la guerra recién comenzó a fines de febrero y el IPC es un promedio del mes.
En otras consultoras, las proyecciones son aún más altas. Para LCG dirigida por Guido Lorenzo el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo se ubicó en 6,3%.
Desde que las estadísticas del Indec dejaron de estar intervenidas, dos veces en la historia el IPC dio por encima del 6%. Una fue en abril de 2016 con 6,7% y, la otra, en septiembre de 2018, cuando la inflación mensual fue de 6,6%.
La inflación se descontroló en marzo y en base a los relevamientos de distintas consultoras estuvo muy cerca del 6%, por lo que el Gobierno espera haya sido la más alta del año. La preocupación oficial está puesta en el precio de los alimentos para lo que se esperan medidas que serán anunciadas el próximo jueves, como la renovación de + Precios Cuidados.
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La inflación del 4,7% en febrero con una suba en alimentos del 7,5% promedio encendió todas las alarmas en los despachos oficiales, que derivó en la “guerra” lanzada por el presidente Alberto Fernández hace dos semanas. Lo llamativo es que en el segundo mes del año no hubo prácticamente impacto de la invasión rusa en Ucrania.
Marzo desbocado
Este factor sí jugó un papel importante en los incrementos de marzo, sobre todo en panificados, aunque las subas fueron generalizadas. Por su parte, la Secretaría de Comercio Interior registró desde la tercera semana de marzo subas en más de 1.700 productos que tuvieron incrementos superiores al 7%, y que, a su vez, habían experimentado subas de más de 50% en los once meses previos.
El relevamiento de precios que realiza LCG mostró para el tercer mes del año una suba del 6% mensual en alimentos, que se sumó al incremento del 8,5% a partir de las actualizaciones autorizadas en electricidad y gas, combustibles 11% y prepagas 6%, entre otros. Esa sumatoria hizo que la consultora proyectara una inflación “piso” del 5,5% para el mes pasado.
En tanto, la medición de la consultora Eco Go reflejó un alza para marzo del 6,3% que señalaron implicaría una suba del 5,7% para el Indice de Precios al Consumidor que realiza el Indec. En esa línea la consultora Seido, afirmó que los incrementos promedio rondaron el 5,2%.
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Sin embargo, desde Eco Go esperan para abril una desaceleración pero en un piso muy alto, del 5,3%, debido a «la suba esperada de los precios de los alimentos y los aumentos pactados en prepagas (6%), colegios en CABA (9%), servicio doméstico (12%), cable y telefonía (10% a 13%) y expensas (20%)”.
La relación entre los ingresos y la inflación juega un rol central en el proceso de descontento social que se está viendo: el promedio de los salarios cayó 21% desde 2017 y los informales casi 32%. Si bien es cierto que la mayor caída se dio entre 2018 y 2019, con la inflación actual la recomposición luce muy complicada.
Canastas
Mientras tanto, el Gobierno trabaja en la puesta en marcha de cuatro canastas con productos de mayor consumo a precios accesibles para lanzarlas el próximo 8 de abril: Comercio Interior buscará renovar el programa + Precios Cuidados con 1.300 productos de consumo masivo en supermercados, lanzar uno de 60 artículos para comercios de cercanía, donde no suelen llegar los precios regulados; una canasta de 7 cortes de carne de mayor consumo popular que ya está en funcionamiento y una de frutas y verduras, ítem que tuvo muchos incrementos en los últimos meses.
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Por caso, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, mantuvo ayer reuniones con representantes de supermercados de origen chino y entidades que nuclean autoservicios, almaceneros, supermercadistas y polirrubros, para trabajar en conjunto y avanzar en los acuerdos necesarios de cara a la implementación de una canasta destinada a comercios de proximidad.
En las reuniones, que se llevaron a cabo en la sede de la dependencia oficial, también participaron el subsecretario de Políticas para el Mercado Interno, Antonio Mezmezian, y la subsecretaria de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores, Liliana Schwindt.
El objetivo es que esta iniciativa, esté presente en todo el país y establezca precios de referencia en comercios de cercanía, con el propósito reducir la dispersión de valores que existe entre estos locales y las grandes cadenas de supermercados.
Con la misma finalidad, la semana pasada las y los funcionarios de Comercio Interior se reunieron con empresas del sector mayorista, con quienes también se llegó a un acuerdo para proveer de los productos mencionados a los comercios de proximidad. En el encuentro de este lunes, los representantes de supermercados chinos y del rubro almacén manifestaron su intención de “colaborar con la sociedad” y de ser parte del programa +Precios Cuidados, para que el mismo se amplíe con la llegada a muchos más puntos de venta.
Posteriormente, la canasta de proximidad se trabajará también con las áreas responsables de comercio de todas las provincias, en el marco del Consejo Federal de Comercio Interior (Cofeci), para lograr un correcto monitoreo de precios y abastecimiento por parte de todos los eslabones de la cadena de comercialización hasta llegar a la mesa de las argentinas y los argentinos, señalaron fuentes de la secretaría que conduce Feletti.
En los próximos días, junto con la puesta en marcha de la canasta de proximidad, también se relanzará el programa Cortes Cuidados y el plan +Precios Cuidados, que comprende a las grandes cadenas de supermercados.
El programa +Precios Cuidados con 1.321 productos se lanzó en enero con una pauta de aumento promedio mensual de hasta 2% y revisión trimestral, por lo que este viernes deberá renovarse. Comercio Interior permitirá subas de hasta 3% mensual o 9% trimestral promedio, mientras que algunas de las alimenticias piden subas mucho más significativas.
Ahora, las empresas piden subas de hasta 15% en el próximo trimestre, ya que argumentan el encarecimiento de los alimentos y de insumos en el contexto de la guerra en Ucrania que profundizó la inflación mundial de la salida de la pandemia.
Asimismo, la semana pasada se firmó un acuerdo con representantes del sector panadero en base al cual reconocen como precio de referencia para el kilo de pan francés el rango comprendido entre $220 y $270 en todo el territorio nacional, por un plazo de 90 días. Con el fideicomiso triguero se financiará el trigo para que las bolsas de harina de 25 kilos puedan llegar a las panaderías a valores de principios de febrero.
Nuevo encuentro de la mesa tripartita
Los ministros de Economía, Martín Guzmán; Trabajo, Claudio Moroni y Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, volverán a reunirse hoy con representantes de la CGT y la UIA en el marco de la mesa tripartita de trabajo creada la semana pasada para coordinar acciones para enfrentar la inflación. Al igual que el jueves pasado, el encuentro se realizará en horas de la tarde en el Palacio de Hacienda, confirmaron fuentes oficiales.
Se espera que participen de la reunión el presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, el secretario de la entidad fabril, Miguel Angel Rodríguez, y el director Ejecutivo, Diego Coatz.
En tanto, la representación del sector sindical estaría encabezada por los secretarios generales de la CGT, Héctor Daer y Carlos Acuña, y el secretario general adjunto de la entidad, Andrés Rodríguez.
El primer encuentro se produjo la semana pasada tras una convocatoria formulada por el presidente Alberto Fernández para establecer una mesa de diálogo y concertación social, para fortalecer la reactivación económica de manera articulada con la creación de empleos y la mejora en los ingresos reales de la población.
En ese sentido, en la reunión se puso en común la necesidad de afrontar el súbito aumento de precios y sus efectos en el poder adquisitivo de la población y en el funcionamiento general de la economía, y avanzar en un esquema de reuniones que involucren a más actores para llevar propuestas y soluciones a este problema, según el documento refrendado por ministros, empresarios y sindicalistas.
