El presidente del Consejo Agrario de Santa Cruz, Adrián Merlo Suárez, dio luz verde a la temporada de caza deportiva 2024 en toda la provincia, permitiendo a los cazadores abatir a diversas especies como zorros, guanacos y pumas.
La reciente habilitación de la temporada de caza «deportiva» en el sur de Argentina, específicamente en la provincia de Santa Cruz, ha generado un intenso debate en la sociedad. La decisión, anunciada por el presidente del Consejo Agrario de Santa Cruz, Adrián Merlo Suárez, ha despertado preocupación entre los defensores de los derechos de los animales y los conservacionistas, quienes cuestionan la ética y el impacto ambiental de esta práctica.
La Resolución 117/24 establece que la temporada de caza se llevará a cabo del 1 de abril al 31 de agosto de 2024, con la obligación de obtener una Licencia de Caza Deportiva para todos los interesados. En el documento, se detalla las especies permitidas y las cantidades máximas permitidas por cazador.
Por ejemplo, se permite la caza de un zorro (colorado o gris) por semana, un puma por semana, y hasta dos guanacos por día. Además, se autoriza la caza sin límites de especies exóticas invasoras como el visón, la liebre europea, el conejo europeo y el jabalí.
Sin embargo, la resolución también establece estrictas prohibiciones, como la prohibición de cazar cualquier otra especie de fauna silvestre no especificada en la resolución, así como el uso de armas por personas no autorizadas. Además, se establecen aranceles diferenciados para jubilados provinciales y/o retirados, que pagarán el 50% del arancel para tramitar el permiso de caza.
Algunos defensores de la caza «deportiva» argumentan que esta actividad contribuye a la economía local y a la gestión de poblaciones animales, controlando así el crecimiento descontrolado de ciertas especies. Sin embargo, esta perspectiva es rebatida por quienes consideran que existen métodos alternativos y más éticos para abordar estas cuestiones, como la implementación de programas de control de población no letales.
En medio de esta polémica, la sociedad argentina se encuentra dividida entre aquellos que defienden la tradición de la caza «deportiva» y aquellos que abogan por un enfoque más ético y sostenible hacia la relación con la vida silvestre. Mientras tanto, los defensores de los derechos de los animales y los conservacionistas continúan presionando por medidas más estrictas para proteger la fauna y preservar los ecosistemas naturales del sur de Argentina.
